Al banquillo un acusado de hacerse pasar por abogado para estafar desde Alicante a víctimas de criptomonedas de toda España

Víctimas por partida doble. Afectados por una estafa con criptomonedas que se encontraron con que el letrado con el que habían contactado ni siquiera era abogado y no hizo nada para tramitar su denuncia. La Fiscalía solicita tres años y tres meses de prisión por un delito de estafa y otro de intrusismo profesional para el gerente de una asesoría de Alicante acusado de hacerse pasar por abogado especialista en reclamaciones por fraudes con criptomonedas y cobrar dinero a 39 afectados sin realizar ninguna actuación. El juicio comenzó este martes en la Audiencia Provincial de Alicante.

El procesado negó en el juicio haberse hecho pasar por abogado. Afirmó que era gerente de una asesoría y que ofrecía el servicio de poner en marcha la maquinaria jurídica para presentar la reclamación, aunque desde la mercantil se designaría posteriormente a un letrado para representar a los clientes ante los tribunales. Sin embargo, los perjudicados acabaron denunciando cuando comprobaron que no se había presentado ninguna acción y que la documentación remitida ni siquiera había sido tramitada.

Según el Ministerio Fiscal, los hechos se produjeron entre septiembre y octubre de 2021, cuando el encausado contactó con personas que ya habían perdido sus ahorros en una supuesta inversión en criptomonedas, en el conocido caso “Antares”. Eran afectados de distintos puntos de España que buscaban una vía para recuperar su dinero.

Siempre según la acusación, el procesado les aseguró que su empresa estaba especializada en este tipo de estafas y que podía tramitar sus reclamaciones, bien para intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial, bien para presentar una querella ante la Audiencia Nacional. Les planteó incluso que, si lograba reunir a un centenar de perjudicados, podría impulsar una acción colectiva.

La Fiscalía sostiene que el acusado cobró distintas cantidades pese a que no estaba habilitado para ejercer la abogacía ni para dirigir el procedimiento, y sin que iniciara ninguna actuación efectiva. Según el relato del fiscal, los denunciantes no solo habían sido engañados al invertir su dinero, sino que volvieron a serlo cuando intentaban recuperarlo.

Un fugitivo en la República Dominicana

El presunto cerebro de la estafa inicial con criptomonedas, identificado como Alex Ritcher, se encuentra en paradero desconocido. Algunas investigaciones apuntan incluso a que esta identidad podría ser ficticia. Según la acusación, el ahora acusado aseguraba tenerlo localizado en la República Dominicana y sostenía que podía lograr un acuerdo con él para que los afectados recuperaran su inversión.

Algunos de los perjudicados, que han comparecido por videoconferencia, fueron rotundos al señalar que estaban convencidos de que trataban con un abogado y que, de haber sabido que no lo era, jamás habrían contratado sus servicios.

Para este martes está prevista la declaración del abogado que, según la versión de la defensa, iba a interponer la denuncia ante los tribunales para recuperar el dinero. Los afectados sostienen que solo supieron de la existencia de este letrado cuando empezaron a reclamar al comprobar que no se había hecho nada con sus denuncias. Están personados en la causa como acusación particular.

Las estafas vinculadas a inversiones en criptomonedas se han multiplicado en los últimos años al calor del auge de los activos digitales y de la facilidad para captar clientes a través de internet y redes sociales. Estos fraudes suelen presentarse como oportunidades de alta rentabilidad y bajo riesgo, con supuestos asesores que prometen beneficios rápidos o plataformas que simulan operar en mercados internacionales. En muchos casos, las víctimas realizan ingresos iniciales que aparentemente generan ganancias ficticias hasta que, al intentar retirar el dinero, descubren que no pueden recuperarlo. La complejidad técnica de estos productos, la dificultad para rastrear a los responsables, que a menudo operan desde el extranjero, y el uso de identidades falsas complican la investigación y favorecen que los afectados tarden en denunciar, especialmente cuando han invertido ahorros importantes.

Suscríbete para seguir leyendo