El Supremo revoca el archivo a 18 investigados en Benidorm por la trama rusa de blanqueo

La Justicia no tiene prisa. Once años después de abrirse unas diligencias en el juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm por una presunta trama rusa de blanqueo de dinero del crimen organizado, la causa, que ya estaba en la Audiencia de Alicante para celebrarse un juicio a cinco procesados, debe retrotraerse al órgano judicial que la tramitó después de que el Tribunal Supremo haya revocado el sobreseimiento libre acordado para 18 investigados por haber sido citados para declarar fuera del plazo legal de instrucción, que no se prorrogó a los doce meses por un error judicial.

En una sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se estima el recurso presentado por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y anula la resolución de la Sección Segunda de la Audiencia de Alicante donde se confirmó el archivo a 18 investigados de la trama rusa de blanqueo, que afectaba principalmente a Benidorm, Altea, Alicante, Ibiza y Formentera.

La sentencia del Alto Tribunal señala que la práctica de la declaración de los investigados fuera del plazo de doce meses de instrucción, que no se prorrogó por un error judicial, "no conduce de forma inevitable al precipitado cierre de la causa, con aplicación de un sobreseimiento libre carente de respaldo en alguno de los presupuestos que lo justifican" a la vista del artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por ello, el Supremo precisa que se continúe con las diligencias previas 2042/2015 que se tramitan en el juzgado de instrucción número 1 de Benidorm y que este órgano judicial vuelva a pronunciarse sobre la situación de estos 18 investigados teniendo únicamente en cuenta las pruebas recogidas por los investigadores antes de cerrarse el plazo de instrucción.

El fallo del Supremo se limita a rechazar el efecto de cierre de la causa mediante una resolución de sobreseimiento asociada al transcurso del plazo previsto en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no aborda las alegaciones de las defensas sobre otras vulneraciones de derechos fundamentales.

Valoración de pruebas

El juzgado de Benidorm tendrá que valorar ahora las pruebas que hay sobre cada investigado para decidir si acuerda el procesamiento de estas 18 personas, como hizo con otros cinco acusados, que están pendientes de juicio y la Fiscalía ha solicitado penas de seis años de prisión para cada uno por delitos de organización criminal y blanqueo de capitales mediante inversiones en el sector inmobiliario, la hostelería y el ocio.

Fuentes judiciales han señalado que lo normal es que está causa que ya iba a ser juzgada se paralice a la espera de unirse al resto de investigados, aunque el juzgado también podría optar por decretar el archivo para algunos o todos ellos por considerar que no hay pruebas sólidas para su procesamiento.

A los que no afecta esta última resolución del Tribunal Supremo, es a las cinco personas para las que la juez del caso decretó a principios de febrero de 2022 el sobreseimiento por falta de pruebas, entres ellos el entonces concejal de Seguridad de Benidorm, Lorenzo Martínez Sola, el exjefe de la Guardia Civil en Altea y el exconcejal de Altea Jaime Sellés.

Fundamentos jurídicos

La Sala de lo Penal del Supremo estima en una primera sentencia el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto de la Audiencia de Alicante que confirmó el archivo y en otro fallo expone que "discrepa el Ministerio Público de los drásticos efectos que tanto el juzgado de Instrucción como la Audiencia han otorgado al hecho de que no se haya podido recibir declaración a los investigados antes de haber transcurrido los plazos máximos de instrucción (...)".

El Ministerio Público "considera que con esa decisión se han vulnerado, por falta de aplicación respecto a los investigados, los delitos sancionados en los artículos 301 y 570 bis del Código Penal, de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales por los que seguía causa contra ellos". El Supremo concluye que la transgresión del plazo de instrucción no determina por sí misma "la nulidad radical de las diligencias extemporáneas" y el instructor puede dictar la resolución que proceda teniendo en cuenta las diligencias practicadas en plazo.

El Alto Tribunal indica que, en este caso, ya existían actos de imputación material previos y practicados en plazo, como entradas y registros en domicilios, bloqueos de cuentas y otras medidas cautelares, por lo que no puede sostenerse que los investigados fueran ajenos a la causa ni que el procedimiento careciera de base para seguir adelante.

En las diligencias se investigaban las actividades de una organización de ciudadanos mayoritariamente procedentes de Rusia, asentada en la provincia de Alicante, que a partir del año 2013 estaría llevando a cabo labores de blanqueo de capitales de origen ilícito a través de operaciones inmobiliarias y negocios de hostelería en las zonas de Alicante y de Ibiza. Parte de los integrantes de la trama estarían supuestamente vinculados con el crimen organizado ruso, entre ellos alguno de los 18 investigados a los que se ha revocado ahora el sobreseimiento.

Entre los 18 investigados a los que se ha revocado el archivo figuran dos ciudadanos rusos que no llegaron a ser apresados y están considerados por la Policía Nacional como dos de los principales implicados en la trama al ser los que presuntamente mantienen estrechos vínculos con el crimen organizado ruso y supuestamente canalizaban hacia España el dinero ilícito para blanquear. Asimismo, se reactiva el paso para un guardia civil destinado en Benidorm, un conocido restaurador ruso propietario de numerosos restaurantes y los padres del abogado ruso afincado en Altea que figura entre los cinco acusados que están pendientes de juicio.

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