Julio de España solicitó la baja del PP tras conocer que se iba a hacer pública la acusación de la Fiscalía por abusos y trato degradante

El histórico dirigente del Partido Popular y médico Julio de España solicitó hace pocos días su baja provisional en la formación política, siendo ya conocedor de que la Fiscalía pide para él ocho años de cárcel por agresión sexual y trato degradante, hechos denunciados por dos mujeres sin relación entre sí que acudieron a su consulta de la especialidad digestiva en 2021 y 2023.

De España, que presidió la Diputación de Alicante y las Cortes Valencianas, ha mantenido su militancia en el PP hasta hace escasos días, cuando este diario preguntó a fuentes del partido sobre la afiliación del exdirigente, quien además pudo saber con antelación que INFORMACIÓN publicaría la petición de penas del Ministerio Fiscal en esta causa, que ahora se encuentra en la Audiencia Provincial a la espera de juicio.

Silencio durante 20 meses

El médico y político, cuya baja provisional ya ha sido tramitada por la formación, fue procesado por esta causa hace ya más de 20 meses, en julio de 2024. Desde aquel momento, De España ha defendido su inocencia. El partido, por otra parte, no le había abierto ningún expediente informativo a lo largo de todo el proceso. Cabe señalar que el reglamento del PP solo contempla la expulsión del afiliado tras la condena en firme, y previa apertura de expediente disciplinario.

Tampoco se produjo ninguna declaración pública desde la formación al respecto de esta causa, y ahora que el exdirigente ha dejado temporalmente la militancia a las puertas del juicio, que se celebrará en los próximos meses, señalan que se trata de "un asunto que se circunscribe a la vida profesional y privada" del procesado.

Ocho años de prisión

De España está acusado de dos delitos de trato degradante, por los que se piden dos años por cada uno, y otro de agresión sexual, por el que se reclaman cuatro años más, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario. También se solicitan cinco años de libertad vigilada y la inhabilitación para empleos con contacto con menores durante ese mismo periodo.

Otras medidas reclamadas son una orden de alejamiento durante cinco años respecto a ambas mujeres, así como indemnizaciones de 6.520 y 2.200 euros, respectivamente. Asimismo, las dos denunciantes están personadas en esta causa como acusación particular.

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