Dejan libre a un fugitivo preso detenido en Polop al no presentar Moldavia la documentación de la extradición
La Audiencia Nacional excarcela al reclamado al no recibir la solicitud dentro del plazo legal de 40 días y le impone medidas cautelares mientras continúa el procedimiento

Imagen de la Guardia Civil trasladando al fugitivo detenido en Polop. / INFORMACIÓN
La Audiencia Nacional ha acordado esta semana dejar en libertad provisional a un fugitivo moldavo de 31 años detenido por la Guardia Civil en Polop de la Marina al no presentar las autoridades de Moldavia la documentación necesaria para la extradición dentro del plazo legal previsto de 40 días.
El abogado defensor del fugitivo, Alvaro Vico Cortés, solicitó la libertad de su cliente, preso en Fontcalent, por este incumplimiento legal y así lo acordó la Audiencia Nacional el pasado martes en un auto donde fija unas medidas cautelares para el investigado mientras continúa el procedimiento de extradición del acusado de un delito de tráfico de drogas en Moldavia.
En un auto firmado por el magistrado de la Plaza 6 de la sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia -antigua Audiencia Nacional-, se deja sin efecto la prisión provisional acordada el pasado al no haberse formalizado en plazo la documentación necesaria para tramitar la entrega.
Según recoge el auto, se estaba a la espera de que Moldavia remitiera por vía diplomática la solicitud formal de extradición junto con la documentación exigida por la legislación española. Sin embargo, transcurridos los 40 días previstos en la Ley de Extradición Pasiva, esa documentación no ha llegado ni al Ministerio de Justicia ni al Ministerio de Asuntos Exteriores, circunstancia que ha resultado determinante para su puesta en libertad.
Plazo legal
El juez recuerda en la resolución que la falta de formalización de la demanda extradicional dentro del plazo legal obliga a dejar sin efecto la medida cautelar de prisión. No obstante, la salida de prisión no supone el cierre del procedimiento ni una desvinculación total del reclamado respecto a la causa. El auto impone varias medidas de control para garantizar su disponibilidad ante la Justicia española en caso de que Moldavia complete más adelante los trámites.
En concreto, el investigado deberá comparecer ante el tribunal o ante el juzgado más próximo a su domicilio los días 1 y 15 de cada mes, así como siempre que sea requerido. Además, tendrá que comunicar cualquier cambio de domicilio, facilitar un teléfono de contacto, no podrá salir del territorio nacional y deberá entregar su pasaporte en un plazo de 72 horas.
La resolución también ordena comunicar la decisión al Tribunal de Instancia de Alicante en funciones de guardia para que se proceda a la notificación y a la ejecución del mandamiento de libertad, como así hizo el pasado martes. Al mismo tiempo, la Audiencia Nacional deja abierta la puerta a que el proceso de extradición continúe si las autoridades moldavas formalizan la petición a la mayor brevedad posible a través de los cauces internacionales.
Seis años huido
Como publicó este diario la semana pasada, el fugitivo moldavo apresado por la Guardia Civil en Polop de la Marina llevaba seis años huido de la Justicia de su país y tenía vigente una orden internacional de detención emitida por las autoridades de Moldavia por delitos de tráfico de drogas castigados con penas pendientes de hasta 15 años de prisión.

Un investigador de la Guardia Civil. / INFORMACIÓN
La captura del fugitivo tuvo lugar el pasado día 4 de marzo, durante un control rutinario establecido en el municipio de Polop. Los agentes dieron el alto a un vehículo ocupado por tres varones. Tras un primer intercambio de palabras con el conductor, los agentes detectaron que este daba respuestas incoherentes, lo que despertó sus sospechas y motivó una identificación más exhaustiva de todos los ocupantes.
Uno de los pasajeros, que viajaba en la parte trasera del vehículo, presentó una carta de identidad búlgara que los agentes lograron identificar como falsa. Posteriormente, el mismo individuo facilitó nueva documentación, consistente en un Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión Europea (CERCU) y una imagen de un supuesto pasaporte búlgaro, cuya autenticidad también generó dudas. Ante estos hechos, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de falsedad documental.
Tras la detención, se iniciaron gestiones con distintas unidades policiales, tanto a nivel nacional como internacional, para determinar la verdadera identidad del detenido. Estas actuaciones permitieron confirmar que toda la documentación aportada era falsa o había sido obtenida a partir de documentación fraudulenta. Finalmente, los agentes lograron identificar plenamente al individuo, constatando que se trataba de un fugitivo moldavo reclamado por las autoridades de su país.
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