Frente común de la Abogacía para exigir una solución urgente al problema de los mutualistas

La abogacía española hizo este martes piña en un paso relevante para aumentar la presión y desbloquear la situación de los mutualistas alternativos. Representantes de las principales asociaciones del colectivo se reunieron en la sede del Consejo General de la Abogacía Española en un encuentro marcado por la unidad y la exigencia de una respuesta inmediata tras más de tres años de reivindicaciones. Un encuentro en el que han estado presentes las principales asociaciones que defienden los derechos del colectivo por unas pensiones dignas. El encuentro sirvió también para escenificar un frente común entre la abogacía institucional y los colectivos afectados. El presidente del Consejo General, Salvador González, trasladó el compromiso de la institución de respaldar las demandas del colectivo y colaborar con todos los actores implicados para acelerar una solución.

La cita contó, además, con presencia alicantina en un papel destacado. Ignacio Gally, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante, ha estado presente en la reunión en calidad de presidente de la Comisión de Previsión Social del Consejo General. En la reunión en la que se evidenció el cambio de tono del sector: de la reclamación prolongada a la exigencia de una solución inaplazable.

Al encuentro acudieron asociaciones como Altodo, Anama, Defenda, Movimiento J2 o Mutualistas por el Futuro, entre otras, que desde hace años denuncian la situación de miles de abogados que, tras cotizar en mutualidades alternativas, no pueden acceder a una pensión equiparable a la del sistema público.

Reforma urgente

Durante la reunión, los colectivos insistieron en la necesidad de aprobar de forma urgente una modificación de la Ley General de la Seguridad Social que permita corregir esta situación. La propuesta, actualmente en tramitación parlamentaria, depende de la Comisión de Trabajo del Congreso, donde se espera un avance inmediato.

Los asistentes coincidieron en que el problema ha dejado de ser una cuestión sectorial para convertirse en una anomalía estructural que afecta a la dignidad profesional en el momento de la jubilación. En este sentido, reclamaron que la futura norma garantice una “suficiencia económica” real para los mutualistas, en línea con lo que recoge la Constitución.

Como resultado, las asociaciones acordaron mantener el trabajo conjunto en próximas reuniones con el objetivo de mejorar la propuesta legislativa y asegurar que dé respuesta a todos los profesionales afectados, sin excepciones.

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