Condenan a 11 meses a un expresidente de la ampa de Maristas de Alicante por apropiarse de 134.000 €

Un expresidente de la Asociación de Padres de Alumnos del colegio Maristas (Apamar) de Alicante, Francisco Luis C. J., ha sido condenado este miércoles en la Audiencia a once meses de prisión por apropiarse de más de 134.000 euros de la entidad durante los seis años en los que estuvo al frente de la entidad.

La Fiscalía solicitaba inicialmente tres años de prisión y la acusación particular, ejercida por Apamar a través del abogado José María Torras Beltrán -del bufete Ruiz Marco-, pedía cuatro años de prisión. Antes del inicio de la vista oral en la Sección Segunda las acusaciones han alcanzado un acuerdo de conformidad con el letrado de la defensa, Carlos Paniagua, y la petición de penas se ha reducido finalmente a once meses de cárcel y una multa de 360 euros.

El presidente del tribunal ha adelantado "in voce" la sentencia tras reconocer los hechos el expresidente de la ampa de Maristas y le ha aplicado las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño, ya que ha devuelto los 134.337 euros que desvió de Apamar a cuentas bancarias particulares. Además ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena de cárcel a petición de la defensa, siempre que no cometa un delito durante los próximos tres años.

Esta sentencia llega dos meses después de otro juicio a un expresidente de Apamar que le sucedió en el cargo y fue condenado en febrero por gastarse más de 28.000 euros de la asociación en poco más de tres meses.

La causa enjuiciada este martes en la Audiencia se centra en el periodo comprendido entre junio de 2015 y junio de 2021, etapa en la que el acusado presidió la asociación de padres del Colegio Sagrado Corazón de los Hermanos Maristas de Alicante, una entidad integrada por familias del centro y dedicada, entre otros fines, a colaborar en la vida escolar, organizar actividades sociales, educativas y culturales y conceder ayudas para alumnos en situaciones especialmente delicadas, como los casos de fallecimiento o incapacidad permanente de sus progenitores.

Desvío de fondos

De acuerdo con los escritos de las acusaciones que ha reconocido el acusado, el expresidente de Apamar se aprovechó de su posición al frente de la asociación y del control que ejercía sobre su funcionamiento administrativo y económico para desviar fondos de las cuentas de la entidad a cuentas bancarias propias y de personas de su entorno. Según las acusaciones, pudo hacerlo gracias a la confianza de los tesoreros que coincidieron con él durante sus mandatos, quienes firmaban las órdenes de transferencia que se les presentaban sin conocer el destino real del dinero.

La asociación gestionaba su actividad económica a través de tres cuentas del Banco Sabadell, cada una con una finalidad diferenciada. Una de ellas estaba destinada al servicio de ayuda escolar para alumnos huérfanos o con padres en situación de incapacidad permanente; otra se dedicaba a financiar actividades sociales, educativas, culturales, recreativas y pastorales; y una tercera funcionaba como fondo de soporte económico de la primera. Para disponer del dinero, los estatutos exigían dos firmas, una de ellas necesariamente la del presidente o la del tesorero. Según la acusación, ese sistema de control fue burlado por el entonces responsable de Apamar.

La Fiscalía describía una operativa sostenida durante años. En un primer balance de la investigación situó en 117.340 euros la cantidad presuntamente desviada de forma directa a cuentas privadas del acusado y de terceros vinculados a él. Sin embargo, tras el análisis completo de la documentación contable, elevó el total supuestamente apropiado a 134.337,99 euros. Inicialmente, quedaban pendientes 16.998 euros, pero el acusado también ha devuelto ya este importe a Apamar.

El detalle de las cantidades refleja, según la acusación pública, el alcance del perjuicio económico para la asociación. De la cuenta destinada a ayudas escolares, el acusado se habría apropiado de 113.540 euros mediante 71 transferencias. De la cuenta general de la asociación habría desviado 14.697,99 euros a través de 18 transferencias y la emisión de cinco cheques. Y de la cuenta del fondo de apoyo a la ayuda escolar se habría apoderado de 6.100 euros mediante cuatro transferencias más.

La investigación interna comenzó tras el relevo en la presidencia de la asociación, producido en junio de 2021. Fue la nueva directiva la que detectó movimientos de dinero hacia cuentas privadas y citó al antiguo presidente a una reunión para que aclarara esas operaciones. Según la Fiscalía, en un primer momento negó haber cometido irregularidades y atribuyó las transferencias a pagos relacionados con alumnos beneficiarios del servicio de ayuda escolar o a retrasos en el abono de prestaciones. No obstante, posteriormente terminó reconociendo los hechos ante los nuevos responsables de la asociación.

Ese reconocimiento quedó plasmado -siempre según el escrito de acusación- en un documento firmado el 10 de noviembre de 2021, en el que el acusado admitía una deuda con la asociación por importe de 117.340 euros y se comprometía a presentar un plan de pagos. En ese documento el entonces querellado reconocía haberse apropiado indebidamente de esa cantidad en su propio beneficio mediante al menos 75 transferencias realizadas desde cuentas de la asociación a cuentas bancarias suyas o de personas de su entorno familiar.

El dinero acabó en varias cuentas bancarias del acusado, algunas compartidas con su esposa y otras con familiares cercanos. Algunas de esas cuentas figuraban a nombre de terceros, pero estaban presuntamente gestionadas de forma exclusiva por él, lo que, a juicio del ministerio público, evidenciaba que el destino final de los fondos era su propio beneficio.

La especial gravedad del caso radica, además, en la naturaleza de parte del dinero desviado. Una de las cuentas afectadas estaba destinada a un servicio de ayuda escolar orientado a familias especialmente vulnerables dentro de la comunidad educativa, lo que daba a los hechos una dimensión especialmente sensible por tratarse de fondos vinculados a la protección y asistencia del alumnado.

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