Alerta en el juzgado de cláusulas suelo de Alicante por el cese de nueve refuerzos

Inquietud en el juzgado de cláusulas suelo de Alicante tras el anuncio del fin de los funcionarios de refuerzo previsto para el próximo 30 de junio. Se trata de uno de los órganos judiciales con mayor carga de trabajo al tener asumidos todos los pleitos en la provincia de particulares contra sus bancos por cláusulas abusivas en la hipoteca. Periódicamente, el juzgado iba recibiendo refuerzos que se iban renovando. A partir del 30 de junio, la Conselleria de Justicia cesará a estos funcionarios de refuerzo. Sobre el papel, la medida es para sustituirlo por personal estable y transformar esas plazas en estructurales, es decir, convertirlas en permanentes. Sin embargo, el temor está en la duda sobre cuánto tiempo tardarán en cubrirse esas plazas. La supresión de estas plazas va a dejar bajo mínimos la plantilla, que en la actualidad se compone de 18 funcionarios y que se quedarán en tan solo cuatro tras los recortes.

Según ha denunciado el sindicato de funcionarios CSIF, de esta plantilla, cinco de los funcionarios pasarán a la sección de ejecutorias de la sección civil de los nuevos tribunales de instancia, mientras que los otros nueve van a ser cesados. La intención de la Conselleria es ir sustituyendo estas plantillas formadas por personal interino por equipos estables de funcionarios. Sin embargo, la duda está en cuánto va a tardar en cubrirse estas nuevas plazas. En toda la Comunidad Valenciana, se van a suprimir hasta 200 de estos refuerzos. En esta cifra total, está incluido el personal de refuerzo de los tres juzgados de cláusulas suelo de la Comunidad, esto es, Alicante, Castellón y València. Estos recortes ya han generado otras polémicas, porque otro de los juzgados a los que ha afectado es el de Catarroja encargado de las investigaciones por la Dana.

Fuentes de la Conselleria de Justicia indicaron que a partir del 1 de julio, se crearán un total de ocho plazas estructurales, tras el proceso de estabilización. Otros cuatro refuerzos dependerán del resultado del informe de prórroga. En estos momentos, en el Palacio de Justicia de Alicante se está elaborando un informe para pedir a la Administración la continuidad de estos equipos.

Los datos estadísticos

La medida llega en un momento de máxima exigencia para el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Alicante, que tiene asumidas de manera exclusiva y excluyente todos los procedimientos por cláusulas suelo. Tras un año 2024 de actividad frenética, en el que las demandas se triplicaron hasta alcanzar las 9.054, la cifra más alta de su historia, el juzgado había logrado estabilizarse en 2025 gracias al esfuerzo del personal. El año pasado se resolvieron 5.680 asuntos, una cifra récord que permitió empezar a reducir los 5.285 casos que aún quedan pendientes. Con un equipo de cinco magistrados dictando sentencias, la reducción de la oficina judicial a solo cuatro funcionarios fijos generará un cuello de botella administrativo. "Los jueces pueden resolver, pero si no hay funcionarios para notificar o tramitar los mandamientos de pago, el ciudadano no recupera su dinero", advierten fuentes jurídicas.

Se da la circunstancia de que aunque el fin de los refuerzos es el 30 de junio, también hay que añadir que antes del cese deben agotar sus días de vacaciones pendientes, lo que supondrá que ya desde mayo el juzgado empezará a sufrir los efectos de los recortes de plantilla. El temor es que se aproveche la llegada del verano para demorar la incorporación del personal pendiente. Sin embargo, las fuentes consultadas por este diario señalaron que los meses de julio y agosto no son inhábiles. La ausencia de juicios se aprovecha para empezar a preparar la agenda para el otoño y los meses siguientes, algo que podría provocar nuevos retrasos en la agenda del juzgado. Por este motivo, el personal teme que la burocracia para cubrirlas (concursos, comisiones de servicio o bolsas de interinos) deje las mesas vacías durante los meses más sensibles para la planificación del año judicial. En este sentido desde el CSIF se emplazó a la Conselleria de Justicia a adoptar las medidas para agilizar la cobertura de las bajas, de manera que desde el 1 de julio ya esté todo el personal incorporado. "Son procesos muy lentos", se alertó desde el sindicato.

Los juzgados especializados en cláusulas suelo se pusieron en marcha el 1 de junio de 2017, hace ya casi una década, para hacer frente al aluvión de demandas contra bancos que implicaba una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaraba abusivos algunos de los conceptos que los bancos cobraban a los usuarios al firmar la hipoteca. En principio, era una medida temporal, limitada al periodo en que se presentaran esas demandas. Nueve años después, la cifra de pleitos no solo no se reduce, sino que se mantiene en niveles similares. Desde el Palacio de Justicia se ve como una buena noticia que se quieran consolidar estas plazas como personal permanente. Sin embargo, no faltan los recelos y las dudas porque ¿hasta qué punto pueden ser estructurales unas plazas que se crearon para hacer frente a una situación puntual?

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