La Fiscalía de Alicante lleva al banquillo a los padres de una niña que faltó a la mitad de las clases

Durante dos cursos escolares, no mandaron a su hija de doce años al instituto de manera reiterada. Ahora la Fiscalía les sienta en el banquillo por un delito de abandono de familia. Los acusados son un matrimonio de Elda que, a juicio del Ministerio Público, desatendieron de manera persistente sus obligaciones parentales, ignorando los requerimientos del centro educativo. Las ausencias sin justificar se fueron haciendo cada vez de manera más reiterada con el paso del tiempo, hasta el punto de que ya en el segundo curso el absentismo llegaba ya prácticamente a la mitad del periodo lectivo.

Los hechos se produjeron durante los cursos 2023/24 y 2024/25. El padre, con antecedentes por tráfico de drogas y lesiones, y la madre, según la Fiscalía, no atendieron las alertas del centro. La consecuencia, advierte el escrito de acusación, es que la menor se vio «seriamente perjudicada en su derecho a la enseñanza obligatoria».

El seguimiento de su asistencia revela un patrón inquietante: en el curso 2023/24, la niña faltó a clase un 13,3% de los días en septiembre, un 20% en octubre, un 30,7% en diciembre y llegó a un 44,4% en marzo, con una media anual del 27,7%. El siguiente curso, las cifras se dispararon: 52,57% en octubre y 55,83% en noviembre, dejando claro que la ausencia se había convertido en una constante. Durante ese año, la menor dejó de acudir a clase casi la mitad de los días, un absentismo que, para la acusación pública, refleja la gravedad de la desatención de sus padres y el perjuicio sobre su derecho a la educación.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita una multa de ocho meses, con posibilidad de cumplimiento alternativo de cuatro meses de prisión, y una orden de alejamiento de 300 metros durante un año. Aunque pueda resultar sorprendente, la orden de alejamiento no busca separar a la menor de su educación, sino protegerla de las posibles conductas nocivas de sus progenitores mientras cumplen la sanción. Para garantizar su bienestar y que la escolarización no se vea afectada, se reclama que los Servicios Sociales supervisen que existan familiares o tutores responsables que puedan cuidar de ella durante este período.

Lucha contra el absentismo

La petición de alejamiento en casos de absentismo es una herramienta legal «quirúrgica». No busca el castigo por el castigo, sino romper el vínculo de influencia negativa que impide a la menor acudir al instituto. Con esta medida, la Justicia pretende asegurar que la niña pueda retomar su vida académica bajo la custodia de alguien que cumpla con los deberes que sus padres, según la Fiscalía, decidieron ignorar.

Aunque el absentismo escolar suele gestionarse mediante sanciones administrativas municipales, el caso de este matrimonio de Elda ha saltado a la vía penal debido a la «especial gravedad y persistencia» de la conducta. Según fuentes jurídicas, es poco común que estos expedientes acaben en un escrito de acusación con peticiones de alejamiento, una medida reservada para situaciones donde la convivencia familiar se convierte en un obstáculo insalvable para el desarrollo básico del menor.

La petición más llamativa del Ministerio Público es, sin duda, la orden de alejamiento de 300 metros. Aunque privar a una menor de la convivencia con sus progenitores es una medida de «última ratio», la Fiscalía la justifica como una herramienta necesaria para garantizar su bienestar. Al constatar que los padres han ignorado sistemáticamente las alarmas del centro educativo, la Justicia considera que el domicilio familiar se ha convertido en un entorno que vulnera los derechos de la niña.

Esta medida no busca el desamparo de la menor, sino su rescate administrativo. El escrito insta a los Servicios Sociales a localizar a familiares idóneos que puedan asumir la custodia de la pequeña durante ese año. El objetivo es claro: asegurar que la niña viva en un entorno libre de las conductas que han provocado su ausencia en las aulas, permitiéndole retomar su formación académica sin la influencia de unos padres que, además, cuentan con antecedentes por delitos de tráfico de drogas y lesiones.

El perfil de los progenitores ha sido determinante para que el Ministerio Público eleve la gravedad de su petición. El padre, con un historial delictivo vinculado al tráfico de estupefacientes y delitos de lesiones, encarna un entorno familiar que la Fiscalía califica de «desestructurado». Esta situación de marginalidad y falta de hábitos normativos explica, a juicio de la acusación, por qué los requerimientos del instituto de Elda cayeron en saco roto durante dos años: la educación de la menor habría quedado supeditada a un estilo de vida incompatible con las obligaciones parentales más básicas.

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