Juzgan a El Chato de Aspe y a otros trece acusados de tráfico de drogas
El dueño de la gallera, condenado por amenazar al alcalde aspense, se enfrenta a ocho años y medio de cárcel por distribuir cocaína a traficantes de Albacete

Alex Domínguez
La Audiencia Provincial de Albacete ha iniciado este lunes un juicio al dueño de la gallera El Chato de Aspe, Ángel Alberola, y a otros trece acusados de dedicarse al tráfico de estupefacientes, especialmente cocaína. La Fiscalía solicita inicialmente penas de entre cuatro años y seis meses de cárcel y ocho años y medio de prisión por tráfico de drogas y organización criminal para tres de los 14 procesados, entre ellos El Chato, un primo suyo y otro acusado.
El juicio está previsto que se celebre durante varios días y la primera sesión se ha dedicado principalmente a las cuestiones previas planteadas por los abogados de los catorce acusados, entre los que se encontraban los letrados de Alicante José Soler Martín, Francisco Miguel Galiana Botella, Alicia Grau Córdoba, Iván Rodríguez Lorente, Alejandro Rodríguez Vidal, José Manuel Yepes y Joaquín de Lacy.
El abogado de El Chato ha planteado como cuestión previa la nulidad del registro que hizo la Policía Nacional en una vivienda de Alcoy, donde incautaron más de 5,5 kilos de cocaína y 10,9 kilos de anfetamina. Esta droga era presuntamente de El Chato, según declaró en su día un acusado. La defensa del dueño de la gallera ha alegado en la vista oral que su cliente no estuvo presente en dicho registro y por tanto procede acordarse la nulidad.

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Varios acusados, para los que se piden las penas más inferiores, reconocen parcialmente los hechos, mientras que El Chato y resto de acusados declararán el último día de la vista oral, que se reanudará este martes con varias testificales de policías, entre ellas la de un inspector de la UDYCO de Alicante que llevó la investigación que culminó con el arresto del propietario de la gallera.
En prisión preventiva
Ángel Alberola, que está en prisión preventiva desde octubre de 2024, ya fue condenado el pasado año a una multa de 270 euros por un delito leve de amenazas al alcalde de Aspe, Antonio Puerto, al que le dijo que le iba a arrancar la cabeza tras una reunión celebrada el pasado año en el Ayuntamiento con el objetivo de que se reabriera el establecimiento, clausurado por el consistorio por la celebración de peleas ilegales de gallos.
La red de tráfico de drogas que está siendo enjuiciada tiene ramificaciones en Albacete, Alicante y Badajoz y en su día la Policía informó de la detención de 26 personas de dos organizaciones diferentes, a las que intervinieron 19 kilos de droga y más de 300.000 euros en dinero en efectivo.

CNP
Según la acusación de la Fiscalía, El Chato, su primo y un tercer acusado se estaban dedicando de forma habitual al suministro de sustancias estupefacientes a traficantes afincados en el barrio de las Seiscientas Viviendas en Albacete. Durante la investigación de la Policía Nacional de Alicante y Albacete, el 6 de octubre de 2024 se estableció un dispositivo de vigilancia ante la sospecha de que dos vehículos procedentes de la A-31 se dirigían a la ciudad con una cantidad relevante de cocaína. En un Audi Q-7, que realizaba funciones de «lanzadera» para alertar de controles, viajaban El Chato y su primo, mientras un tercer investigado transportaba medio kilo de cocaína en un Volkswagen Touran.
A partir de esa intervención, el juzgado autorizó varios registros en domicilios relacionados con los principales investigados. En una vivienda de la calle San Nicolás de Alcoy, la Policía halló más de 5,5 kilos de cocaína y 10,9 kilos de anfetamina, además de básculas de precisión y una máquina de envasar al vacío. En otro registro, en una vivienda de Aspe, se intervinieron 24.750 euros, mientras que en el registro de la gallera no se localizó droga. La Fiscalía cifra el valor de la cocaína aprehendida a este primer grupo en unos 204.357 euros y el de la anfetamina en unos 570.393 euros.

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El alcalde de Aspe ratifica en un juicio que El Chato le amenazó de muerte en el Ayuntamiento / Alex Domínguez
El Ministerio Público sostiene que la droga era trasladada habitualmente hasta la Plaza Tomás Navarro Tomás de Albacete, donde presuntamente era entregada a un grupo de personas encargado de su posterior distribución y venta a consumidores o a otros traficantes. En los registros practicados en viviendas de Albacete, la localidad manchega de Pozohondo y en Fregenal de la Sierra (Badajoz) incautaron nuevas cantidades de cocaína, hachís y marihuana, además de básculas, material para preparar dosis y elevadas sumas de dinero en efectivo.
Dinero incautado
Entre las cantidades más relevantes de dinero incautado figuran 209.195 euros localizados en una vivienda de Fregenal de la Sierra, 30.000 euros en el domicilio de uno de los acusados en Albacete, 26.670 euros en otro registro de la capital y 20.770 euros en una vivienda de Pozohondo. La Fiscalía atribuye esas cantidades al presunto tráfico ilícito de cocaína.
Además de las penas de siete años y medio por tráfico de drogas y un año por pertenencia a grupo criminal que se piden inicialmente para El Chato, su primo y el arrestado con medio kilo de cocaína, la Fiscalía les pide a estos tres procesados una multa de 2,8 millones de euros.
Para otros siete acusados, a los que sitúa la Fiscalía en el grupo encargado de la recepción y distribución de la droga en Albacete, la Fiscalía reclama 4 años y 6 meses de prisión por tráfico de drogas, multa de 8.000 euros y otro año de cárcel por pertenencia a grupo criminal. El Ministerio Público incluye además acusaciones individualizadas contra otros cuatro investigados, para los que solicita penas de 4 años y 6 meses de prisión por tráfico de drogas, con multas que oscilan entre los 10.000 y los 80.000 euros, en función de las sustancias y cantidades intervenidas en cada caso.
La Fiscalía interesa asimismo el decomiso de todas las sustancias estupefacientes aprehendidas, su destrucción definitiva, el decomiso de básculas, envasadoras, dinero intervenido y de los vehículos Volkswagen Touran y Audi Q-7 supuestamente utilizados en la operativa.
El Ministerio Público solicitó en su día el sobreseimiento provisional para otros seis investigados al entender que no existen indicios suficientes para atribuirles participación en los delitos investigados.
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