Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Anulan las escuchas a veinte acusados de narcotráfico detenidos hace 16 años en Alicante

La Fiscalía mantiene su petición de penas pese a que la Audiencia Provincial ha dejado sin validez las pruebas de una operación que acabó a tiros en una gasolinera de San Vicente

Un momento del juicio celebrado en Alicante a los veinte acusados de tráfico de drogas.

Un momento del juicio celebrado en Alicante a los veinte acusados de tráfico de drogas. / DELGADO

Casi dieciséis años después de ser detenidos y tras diecisiete suspensiones anteriores, la Audiencia de Alicante ha dejado este miércoles visto para sentencia un macrojuicio a 20 acusados de narcotráfico tras declarar la nulidad de las intervenciones telefónicas a gran parte de los procesados y de todas las pruebas recabadas por la Policía Nacional a raíz de dichas escuchas autorizadas en 2010 por un juzgado.

Pese a ser excluidas las pruebas de la operación, la Fiscalía ha mantenido su petición de penas de entre uno y ocho años de cárcel para los procesados por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y atentado a la autoridad, según el grado de participación de cada uno, mientras que los abogados defensores han solicitado la absolución de todos ellos.

La vista oral se ha centrado en las declaraciones de los policías sobre un delito de atentado que se imputa a uno de los acusados de la operación antidroga, que acabó con disparos efectuados por la Policía en una gasolinera de San Vicente del Raspeig.

Petición de nulidad

El juicio ha comenzado con la aceptación por parte de la Sección Primera de la Audiencia de la petición de nulidad del auto judicial que autorizaba la escuchas telefónicas por falta de motivación, lo que deja al borde de la absolución a los acusados por delitos tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, por una defensa eléctrica que se intervino en un registro domiciliario. La nulidad del auto judicial ha sido planteada como cuestión previa por los abogados defensores, entre ellos Aitor Esteban Gallastegui, Moisés Candela Sabater, Martín Candela Mira, Lorena Félix Saldaña, Lucia Ros García, Joaquín de Lacy, Manuel Lucas, Mari Paz Alarcón, Héctor Brotons, Carlos Peñarrubia y Edmundo Cortés.

Además de esta nulidad también han planteado algunas defensas la prescripción y tanto los abogados como la acusación pública ha coincidido en que se debe aplicar la atenuante de dilaciones indebidas.

La acusación inicial de la Fiscalía que se ha quedado huérfana de pruebas por la nulidad de las escuchas se refería a una organización criminal que se dedicaba a distribuir hachís en Alicante y municipios próximos. El presunto cabecilla del grupo contaba con personas para dar salida a la droga, comprar partidas de hachís o cobrar deudas por la venta de la sustancia estupefaciente.

La investigación policial iniciada a principios de 2010 contó con más de una docena de teléfonos intervenidos con autorización judicial y las conversaciones desvelaron las actividades ilícitas de los implicados y al menos dos entregas de droga.

250 kilos de droga

La Policía Nacional culminó la operación con la incautación de más de 250 kilos de hachís, medio kilo de MDMA, una plantación de marihuana y pequeñas cantidades de cocaína, así como dinero y otros efectos. Dicha droga fue intervenidas en los registros domiciliarios efectuados en Alicante, Elche, San Vicente del Raspeig, pero tanto estas pruebas como otras derivadas de las intervenciones telefónicas han sido anuladas y por tanto no se ha podido interrogar a los acusados sobre ellas.

Tras acordarse la nulidad de las escuchas, todos los acusados se han acogido a su derecho a no declarar y solo ha contestado a las preguntas de su abogado uno de ellos para dar su versión sobre el delito de atentado que le imputa la Fiscalía Antidroga de Alicante.

Este acusado ha negado que tratara de arrollar a un agente la mañana del 28 de abril de 2010 en el lavadero de una gasolinera de San Vicente, junto a la Universidad de Alicante, y ha asegurado que no se identificó como policía.

Según la acusación pública, los agentes sí se identificaron como policías cuando iban a detener a un sospechoso y éste arrolló a un funcionario con su coche.

Un policía ha declarado que realizó un disparo al aire al ver que su compañero iba a ser atropellado y éste último manifestó que se identificó y disparó mientras iba agarrado al capó del coche que le había arrollado. El conductor resultó herido en un brazo y una mano y en su coche incautaron casi cuatro kilos de hachís, pero dicha prueba también ha sido anulada. El coche del detenido presentaba seis impactos de arma de fuego.

Suscríbete para seguir leyendo

Tracking Pixel Contents