Alicante limitará durante dos semanas el acceso a los juzgados por la mudanza para crear los Tribunales de Instancia

Los juzgados de Alicante se preparan para la mudanza ante la llegada de los nuevos tribunales de instancia. Durante dos semanas, se limitará el acceso a las sedes judiciales mientras se llevan a cabo las mudanzas. Durante las últimas semanas, se han estado celebrando reuniones maratonianas a fin de configurar el escenario y tratar de minimizar el impacto de una gran incomodidad: la dispersión de sedes judiciales ante la falta de espacio en el Palacio de Justicia.

Los distintos juzgados están diseminados en hasta ocho sedes distintas. En teoría, la nueva Ciudad de la Justicia de Alicante vendría a paliar el problema, pero las obras no estarán acabadas hasta mediados del año que viene. Sin embargo, los tribunales de instancia tienen que ponerse en marcha ya y el criterio que se ha aplicado es el de agrupar jurisdicciones dentro de un mismo edificio. Los tribunales de instancia vendrán a sustituir a los juzgados tradicionales, que se verán reemplazados con varias macrooficinas judiciales en las que se pondrán en común todos los jueces y el personal.

El juez decano de Alicante (tras la entrada en vigor de la reforma, ha pasado a llamarse presidente del Tribunal de Instancia de Alicante), César Martínez, ha acordado limitar el acceso a sus sedes judiciales y la atención a público y profesionales entre los días 28 de mayo y 12 de junio de este año con motivo de la reubicación de plazas judiciales y el traslado de funcionarios que exige la implantación del nuevo modelo. Este acuerdo ya ha sido elevado a su vez al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para su aprobación por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Manuel Baeza.

En él se dispone que se mantendrá en cualquier caso la totalidad de los juicios, señalamientos y actuaciones judiciales previstas durante esos días, “salvo que expresa y directamente se acuerde lo contrario”. La reorganización prevista, que tiene una especial complejidad por la existencia de ocho sedes judiciales en el partido judicial, tiene como finalidad reunir en la medida de lo posible en un mismo espacio los grupos de funcionarios formados en cada uno de los servicios comunes con los letrados de la Administración de Justicia correspondientes.

Limitaciones de acceso

Durante los días de traslado de cada edificio, se aplicarán limitaciones estrictas en el horario de atención al público. Para los ciudadanos, se limitará el acceso a toda persona que no cuente con una citación judicial previa. No obstante, se respetará la asistencia a los actos judiciales que sean públicos. Para los profesionales (abogados, procuradores, etc.), la atención presencial quedará igualmente limitada y solo se les atenderá si tienen una actuación señalada en esa fecha o para supuestos de urgencia legalmente previstos.

Los juicios no se suspenden. Para minimizar los perjuicios, el acuerdo establece firmemente que se mantendrán la totalidad de los juicios, señalamientos y actuaciones previstas, salvo que de forma expresa y directa se acuerde lo contrario en algún caso concreto.

Fases de la mudanza

El plan de mudanzas se ejecutará de forma progresiva en tres fases diferenciadas. La Fase 1 tendrá lugar entre 28 y 29 de mayo y afectará al juzgado de Vigilancia Penitenciaria, su titular junto con su Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y su grupo de funcionarios. Se mudarán a las dependencias que actualmente ocupa el Juzgado de Primera Instancia nº 7 en el edificio de la Avenida de Aguilera. El objetivo es conseguir que toda la jurisdicción penal quede reunida en un mismo edificio.

La Fase 2 tendrá lugar del 1 al 5 de junio. Se trata de la más complicada, ya que afectará a la totalidad de las jurisdicciones Civil, Social y Contencioso-Administrativo, donde hay numerosos juzgados repartidos en distintas sedes. Los movimientos se realizarán en el edificio de cristal de Pardo Gimeno 43; el local de Civil 5 (especializado en cláusulas suelo); los locales de la calle Los Doscientos (sedes de Civil 15, Familia 2, Civil 9 y Civil 12); el local de la Avenida Catedrático Soler (sedes de Familia 1 y Familia 3) y los locales de la calle Alona (sedes de Mercantil 1, 2 y 4).

La Fase 3 se desarrollará del 8 al 12 de junio y se ejecutará siempre y cuando se haya terminado a tiempo la fase anterior. Afectará a traslados internos dentro de la jurisdicción penal en el edificio de la Avenida de Aguilera. Estos movimientos no afectarán a todas las plazas; ya que la sección de Instrucción y la de Violencia sobre la Mujer no sufrirán cambios de momento.

César Martínez señala en su acuerdo que estas medidas resultan imprescindibles, aunque precisa que se mantendrá la celebración de todas las actuaciones judiciales a fin de “minimizar el perjuicio a los justiciables” gracias a un “gran esfuerzo de todos los intervinientes”.

El acuerdo ya ha sido remitido por vía de urgencia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para coordinar la vigilancia de los edificios implicados.

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