Imponen dos años de cárcel al expresidente de los graduados sociales de Alicante por quedarse las indemnizaciones de 22 despidos

Nueva condena al expresidente de los Graduados Sociales de Alicante. La Audiencia Provincial ha impuesto dos años de cárcel a Francisco Javier Méndez Jara por apropiarse de 163.000 euros procedentes en su mayoría indemnizaciones por despido de clientes a los que había representado en calidad de graduado social y de abogado. El acusado había admitido los hechos en el juicio que finalmente se celebró el pasado diciembre, tras varias suspensiones, por lo que la sentencia debía determinar la pena que se debía imponer, así como a qué aseguradores les correspondía asumir el pago de las indemnizaciones, ya que había varias pólizas vigentes. Las aseguradoras condenadas son las que tenían suscritas pólizas con los colegios de abogados y graduados sociales de Alicante en el momento en que ocurrieron los hechos.

Méndez estaba acusado de quedarse con el dinero correspondiente a salarios de tramitación o indemnizaciones de 22 trabajadores que habían sido despedidos y que el encausado representó ante los juzgados de lo Social entre los años 2013 y 2016. Según el escrito de acusación, los perjudicados le dieron poderes para que cobrara el dinero en su cuenta bancaria, que el encausado nunca les entregó. La sentencia detalla conceptos muy heterogéneos para cada afectado (salarios de tramitación, indemnizaciones por despido, gastos específicos de devolución de pagarés bancarios y detracción de honorarios profesionales). En el juicio, el acusado, que estaba representado por el abogado Santiago Candela, pactó una conformidad con la Fiscalía y las acusaciones, entre las que se encontraba el letrado Eduardo García-Ontiveros. La sentencia se dicta ahora seis meses después resolviendo el pago de las indemnizaciones por las aseguradoras.

Antecedentes

El acusado acumula varias condenas por hechos similares. La Audiencia ya le impuso once meses de prisión por el agujero contable de 400.000 euros que dejó en el colegio de Graduados Sociales mientras estuvo al frente. Méndez tenía pleno acceso a las cuentas y tarjetas bancarias de la entidad. Con el fin de enriquecerse y aprovechando la plena confianza que tenía en él la Junta de Gobierno realizó cargos de gastos personales a las cuentas colegiales, sacó dinero en efectivo para su propio uso y ordenó transferencias a sus propias cuentas, según la sentencia.

Mientras que el pasado septiembre, la Audiencia le condenó a un año de prisión también por quedarse el dinero de indemnizaciones por despidos de cinco trabajadores a los que representaba como abogado en el año 2015. Una situación muy similar a la que se planteaba en esta sentencia.

Dilaciones indebidas

A pesar de las numerosas suspensiones, algunas de ellas causadas por el propio acusado, la sala aplica una atenuante por dilaciones indebidas. La sala valora los diez años que ha tardado el proceso en que se dicte sentencia se debe a demoras burocráticas y suspensiones reiteradas. Tras tardar más de un año en incoarse las primeras diligencias y acumularse las denuncias de los 22 perjudicados, la causa sufrió un severo parón de quince meses entre 2021 y 2023 cuando la Audiencia Provincial se vio obligada a devolver las actuaciones al juzgado de Instrucción por un olvido formal: no haber emplazamiento correctamente a las aseguradoras como responsables civiles. A partir de ahí, el juicio se suspendió hasta en cuatro ocasiones consecutivas entre 2024 y 2025: primero, por la renuncia del acusado a su abogado y procurador; posteriormente, en dos ocasiones por coincidencias de señalamientos en las agendas de los letrados de una de las aseguradoras y de la defensa; y, finalmente, por no haber podido ser localizado el propio procesado, logrando celebrarse la vista a finales de 2025.

Durante los meses de la pandemia muchas de estas causas empezaron a llegar a juicio, encontrándose el tribunal con que muy frecuentemente en el último momento tanto el propio Méndez como su anterior abogado alegaban que habían tenido contacto con un enfermo de covid y que tenían que guardar rigurosa cuarentena.

Suscríbete para seguir leyendo