La Audiencia devuelve a Benidorm la causa de la trama rusa de blanqueo tras revocarse el archivo a 18 investigados

La causa sobre la presunta trama rusa de blanqueo de capitales del crimen organizado ruso en la Marina Baixa vuelve a la fase de instrucción en los juzgados de Benidorm, donde se abrieron las diligencias en 2015, hace más de una década. La Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante ha acordado remitir el procedimiento a la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Benidorm después de que el Tribunal Supremo dejara sin efecto el pasado febrero el sobreseimiento libre acordado por un juzgado benidormí respecto de 18 investigados por haber sido citados a declarar fuera del plazo legal por no haberse prorrogado por error la instrucción de la causa.

La decisión supone el archivo provisional del rollo de sala abierto en la Audiencia para juzgar a cinco procesados y la retroacción de las actuaciones al momento anterior al auto de incoación de procedimiento abreviado. En la práctica, el tribunal ordena que sea de nuevo el juzgado instructor el que valore si existen pruebas suficientes para incorporar otra vez al procedimiento a las personas afectadas por la resolución del Supremo, pero valorando únicamente el material probatorio obtenido hasta que concluyó el plazo legal de instrucción que no se prorrogó por error.

Inicialmente, se había acordado la apertura de juicio oral contra cinco acusados, pero la situación procesal se ha visto alterada por la resolución del Tribunal Supremo del pasado febrero, que estimó el recurso formulado por la Fiscalía contra la resolución de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante que había ratificado el archivo para los 18 investigados.

La Audiencia razona ahora que, al haberse revocado aquel sobreseimiento, la causa debe regresar a la fase previa al auto de incoación de procedimiento abreviado en el juzgado instructor.

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La consecuencia inmediata es que quedan sin efecto las actuaciones pendientes en el rollo de sala de la Audiencia, entre ellas objeciones a notificaciones, requerimientos, recursos y peticiones de convocatoria de audiencia preliminar. Una vez el juzgado de Benidorm adopte las decisiones que correspondan en la fase intermedia, el asunto podrá volver a la Audiencia para su enjuiciamiento.

Acusación de Fiscalía

La decisión de la Audiencia llega después de que, en noviembre de 2025, la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Madrid presentara su escrito de acusación contra cinco procesados por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. El Ministerio Público solicitó para cada uno de ellos seis años de prisión: tres años por organización criminal y otros tres por blanqueo.

Además, la Fiscalía reclamó para cuatro de los cinco acusados multas que suman más de 22 millones de euros, con cuantías que oscilan entre los 600.000 y los 8.221.000 euros. También pidió el decomiso del dinero intervenido en cuentas bancarias y de los bienes muebles e inmuebles embargados durante la investigación.

La macrocausa, judicializada desde 2015, llegó a contar inicialmente con unas 40 personas investigadas, entre ellas concejales o exediles del PP de Benidorm y Altea, así como miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Con el paso de los años, parte de las actuaciones fueron archivadas al entenderse que no existían indicios suficientes contra algunos de los implicados. También se acordó el sobreseimiento para 18 investigados después de que la Audiencia anulara sus citaciones al considerar que se habían producido fuera del plazo de instrucción, que no fue prorrogado por un error judicial.

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La Fiscalía sostiene que la investigación arrancó tras detectar la Policía, en 2013, “extraños movimientos de capital” realizados por ciudadanos rusos afincados en la provincia de Alicante. Según el escrito de acusación, esos fondos procedían de sociedades situadas en Emiratos Árabes, Letonia y Reino Unido, vinculadas a la industria energética, y su origen no estaba suficientemente justificado.

El Ministerio Público atribuye el dinero a la corrupción de políticos y empresarios rusos de la zona de Nizhny Novgorod, así como a personas vinculadas a la criminalidad organizada exsoviética. De acuerdo con la acusación, los fondos fueron invertidos en España en operaciones inmobiliarias, negocios de hostelería y actividades de ocio en municipios como Altea y La Nucía, además de Ibiza y Formentera.

Entre las operaciones descritas por Fiscalía figuran la compra de viviendas en La Nucía y Altea, terrenos en Formentera y un acuerdo para alquilar un complejo hostelero en Ibiza por seis millones de euros anuales. También se menciona en Altea la creación de una empresa para promover viviendas de lujo, cuyo propietario real sería, según la acusación, un oligarca vinculado al crimen organizado ruso y al entorno del Gobierno de Vladímir Putin.

El papel atribuido a los acusados

La Fiscalía sitúa a uno de los procesados, M.K., como el presunto “cerebro financiero” de la organización. Le atribuye el control de un entramado de empresas a nombre de testaferros y operaciones bancarias destinadas a ocultar el origen de los fondos y dificultar su trazabilidad.

A N.M. le atribuye la captación de clientes entre empresarios, políticos y personas vinculadas al crimen organizado ruso, además de labores de mediación con empresarios españoles. Otro de los acusados, A.S., abogado ruso afincado en Altea, aparece descrito por la Fiscalía como una persona con contactos en administraciones públicas, en el ámbito político y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Según el escrito, esos contactos le habrían servido para facilitar gestiones de residencia a clientes rusos y crear una red de favores en beneficio de su despacho y de sus negocios inmobiliarios.

El cuarto procesado, M.Z., es presentado como un empresario ruso con vínculos con líderes de la criminalidad organizada que habría viajado a España y a otros países en busca de oportunidades para invertir dinero de origen ilícito. El quinto acusado, D.K., de nacionalidad ucraniana, es señalado por la Fiscalía por su relación con negocios de inversión en criptomonedas destinados, presuntamente, a ocultar beneficios de la actividad delictiva investigada.

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