Culpables los dos acusados de matar, descuartizar y quemar al hombre con el que convivían en Alicante

Un jurado popular ha declarado culpables, por siete votos a dos, a los dos acusados de matar, descuartizar y pegar fuego al hombre con el que convivían en el barrio de la Virgen del Carmen de Alicante en junio de 2024. Tras ocho horas de intensa deliberación, el tribunal popular ha considerado culpables a Tomás Ezequiel M. C. y a Raquel G. M. de los delitos de homicidio y estafa por los que están en prisión de manera preventiva desde hace dos años.

El jurado debía decidir entre la muerte violenta o natural, ya que la autopsia no arrojaba datos concluyentes. Los acusados alegaban que la víctima murió de un golpe de calor y que se lo encontraron muerto en la cama. Sin embargo, asustados por el hecho de que no se dieron cuenta del fallecimiento hasta horas después, decidieron desmembrar el cuerpo y pegarle fuego en parajes rurales de Alicante, en lo que sus defensas definen como un cúmulo de malas decisiones. Raquel aseguraba que la víctima les dejaba vivir en su casa para cuidarle y que les había dado acceso a sus cuentas para que le compraran lo que necesitara. La Fiscalía les acusaba de matar a la víctima para quedarse con la casa y de querer evitar que lo identificaran para apropiarse de la pensión que percibía.

La muerte violenta ha sido el único extremo en el objeto del veredicto en el que no ha habido unanimidad entre los miembros del jurado. Solo dos no consideraban probado el homicidio. En el resto de las cuestiones que formaban parte de la acusación, ha habido unanimidad, ya que los acusados sí admitían que descuartizaron el cadáver y le pegaron fuego.

La lectura del veredicto ha desembocado en un cierre de vista bronco y con momentos de tensión en la sala de la Audiencia Provincial cuando Tomás Ezequiel M. C., uno de los procesados, ha comenzado a increpar airadamente a los miembros del jurado al escuchar el dictamen. "¡Ocho horas para esto! Esto es lo que pasa cuando metes a nueve subnormales a decidir sobre temas importantes. ¡Y ahora va a resultar que esta gente son médicos!", ha gritado el acusado desde el banquillo antes de ser llamado al orden por la magistrada María Cristina Costa, evidenciando la crispación con la que ha concluido el proceso. La defensa confiaba en la absolución, dado que los forenses no habían podido determinar la causa de la muerte.

La espera ha sido larga y los nervios estaban a flor de piel. Durante las ocho horas largas que ha estado deliberando el jurado, la Policía ha conducido desde los calabozos al servicio hasta en siete ocasiones.

Prueba de indicios

Para fundamentar el veredicto de culpabilidad, el jurado se ha apoyado en una prueba de indicios. El tribunal popular ha descartado que los acusados cuidaran a la víctima, Fernando A. P., apoyándose en los informes policiales y las fotografías que describían la vivienda común como una "casa llena de basura". Los jurados se han aferrado a una conclusión de la Policía y de los forenses cuando aseguraron que "estadísticamente" descuartizar un cadáver responde a una finalidad de ocultación del crimen. El veredicto también ha recalcado la existencia de fracturas detectadas en el cráneo de la víctima en la zona de la nariz y la mandíbula, incidiendo en la pérdida de varias piezas dentales. Los restos fueron hallados en caminos de tierra en las partidas de Fontcalent y el Portell de la Serreta. Primero apareció el torso y días más tarde la cabeza y las extremidades.

En cuanto al delito de estafa, el veredicto considera probado que los implicados tenían un móvil económico, ya que fueron captados por las cámaras extrayendo dinero de la libreta de la víctima a través del cajero automático y se lo gastaron todo de forma inmediata, puesto que este dinero no ha aparecido. El veredicto recalca que esas extracciones se llevaron a cabo cuando Fernando ya estaba muerto.

El fiscal José Luis Miota ha mantenido su petición de penas, que suman 17 años de prisión para cada uno de los procesados. Por su parte, los letrados defensores, Miguel Ángel Garijo y Miguel Ángel Cánovas, han solicitado a la magistrada que aplique las condenas en su grado mínimo. Asimismo, ya han adelantado su intención de recurrir la futura sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), argumentando que la motivación del veredicto emitida por los ciudadanos ha sido "muy deficiente".

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