El Gobierno suprime los jueces de refuerzo del juzgado de cláusulas suelo de Alicante con más de 5.000 pleitos pendientes

El Ministerio de Justicia ha cesado de la noche a la mañana los cuatro jueces de refuerzos con los que contaba el juzgado de cláusulas suelo de Alicante. Se trata de un órgano de ámbito provincial que desde hace casi una década está asumiendo la totalidad de los pleitos contra entidades bancarias por cláusulas abusivas en la hipoteca. En principio iba a ser una medida temporal para hacer frente al aluvión de demandas, para lo que se especializó en la material el juzgado de Primera Instancia número cinco de Alicante. Sin embargo, nueve años después, el volumen de pleitos no solo no ha descendido, sino que en estos momentos hay cerca de 5.000 asuntos pendientes. Por este motivo había en marcha un programa de jueces de apoyo para no colapsar el juzgado. Este mismo miércoles, el juzgado ha recibido la notificación de que desde hoy los cuatro jueces de refuerzo con los que contaba no han sido renovados en sus puestos, dejando a este órgano solo con el magistrado titular para hacer frente al trabajo.

El Ministerio de Justicia ha denegado la autorización para la dotación económica de 18 de las cerca de 30 medidas de refuerzo con informe favorable de la inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que habían sido solicitadas para la Comunidad Valenciana, en su mayor parte como prórrogas de medidas anteriores en vigor. Junto al juzgado de cláusulas suelo de Alicante, se han visto afectados por los recortes los de Castellón y Valencia. Otros refuerzos que afectan a la provincia de Alicante se encontraban en la Audiencia Provincial y en los juzgados de Benidorm.

Estadísticas

La justificación soterrada del Ministerio para retirar los fondos se apoya en que el volumen de entrada de nuevas demandas se ha estabilizado tras la implantación de la Ley de Eficiencia Procesal. Sin embargo, los datos oficiales del propio juzgado alicantinos a los que ha tenido acceso este diario desvelan que el problema no es lo que entra, sino el gigantesco tapón acumulado que se queda sin manos para resolverse. Las fuentes judiciales consultadas por este diario señalaron que a lo largo de este año el número de demandas se había estabilizado, pero el problema estaba en la gran bolsa de asuntos acumulados en los años anteriores. Los refuerzos se iba renovando cada seis meses, pero esta vez el Ministerio ha comunicado que ya no habrá más apoyos.

A fecha de 31 de diciembre, el Juzgado de Cláusulas Suelo de Alicante cerró con una pendencia histórica de 5.285 asuntos declarativos en cola. Desde su especialización en junio de 2017, este órgano provincial ha recibido la astronómica cifra de 44.700 demandas. El colapso se fraguó especialmente en un año 2024 absolutamente desbocado, cuando las demandas se triplicaron hasta alcanzar las 9.054 en solo doce meses (3.653 de ellas concentradas en un solo trimestre, superando cualquier registro histórico). Entre los cinco magistrados se estaban dictando del orden de 5.680 resoluciones anuales. Ahora, al retirar a las cuatro juezas de apoyo, el Ministerio pretende que el magistrado titular asuma en solitario toda esa carga de trabajo.

Preocupación

La situación ha sido abordada por la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV), que ha dictado un acuerdo en el que expresa su preocupación ante las “negativas consecuencias” y perjuicios que generará la denegación de la autorización económica por parte del Ministerio. El TSJ que preside Manuel Baeza ha solicitado al CGPJ que inste al Ministerio de Justicia a que recapacite. En este acuerdo se traslada también al órgano de gobierno de los jueces su “preocupación” por esta situación, así como “por la forma y momento en que se ha producido”. Además, ha destacado las “negativas consecuencias” que tendrá la denegación de estos refuerzos tanto para los órganos afectados, sobre todo los que se ocupan de las condiciones generales de la contratación, como para “el servicio público que se presta a los ciudadanos”.

A las críticas se han sumado las asociaciones de jueces que en un comunicado conjunto firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, que han destacado que "la decisión se ha adoptado sin aviso previo, después de que en muchos partidos esas comisiones se hubiesen renovado periódicamente durante años, y precisamente en un momento en que ese tipo de órganos sufren un nivel de pendencia sencillamente insoportable, de los más altos desde que se implantó la especialización". En este sentido han destacado que "ninguna razón puede haber hoy para la supresión de estas medidas que las puramente económicas", al tiempo que alertan de que la decisión tendrá "consecuencias nefastas" desde todos los puntos de vista.

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