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El Gobierno aprueba 24 plazas de jueces para Alicante pero el despliegue no se completará hasta dentro de un año

Cuatro magistrados reforzarán la Audiencia Provincial y se crean otras 20 nuevas unidades en Alicante, Elche, Elda, Torrevieja, Benidorm, Dénia, Orihuela y San Vicente

Vista general de las sedes judiciales de Benalúa y Pardo Gimeno de Alicante.

Vista general de las sedes judiciales de Benalúa y Pardo Gimeno de Alicante. / Pilar Cortés

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J. A. Martínez

J. A. Martínez

Alicante

Una semana después de haber suprimido los refuerzos en los juzgados de cláusulas suelo, el Ministerio de Justicia ha aprobado la que considera la mayor convocatoria de plazas judiciales de la Historia: un total de 500 jueces para toda España; de los cuales 58 corresponden a la Comunidad Valenciana y 24 a la provincia de Alicante. El problema es que los atascados tribunales de la provincia tardarán meses en ver estos refuerzos. Las plazas previstas en la Audiencia de Alicante no llegarán hasta diciembre de este año, mientras que para el resto de la provincia su incorporación se producirá en junio de 2027. A esta cifra se añaden otras 200 plazas de fiscales, de las cuales ocho serán para la provincia. El decreto por el que se aprueban las nuevas plazas se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado.

Se trata de una medida derivada de la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia, con la que se pretende convertir esta Administración en un servicio público más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía. Esta norma introduce un nuevo modelo organizativo más moderno y eficiente: elimina los antiguos juzgados unipersonales y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico. El nuevo modelo permite así crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros. Crear un juzgado tradicional, en cambio, costaba alrededor de 500.000 euros.

Reparto de plazas

En la Audiencia Provincial de Alicante se crean cuatro plazas de magistrado: una en la Sección Quinta (civil), otra en la Sección Sexta (civil) y dos en la Sección Primera (penal), especializada en violencia de género. La incorporación de los cuatro está prevista en diciembre.

En cuanto a los tribunales de instancia, se habilitarán 14 nuevas plazas en la jurisdicción civil, distribuidas del siguiente modo: cinco en Alicante, cuatro en Elche, dos en Torrevieja, y una en Benidorm, Dénia y Orihuela, respectivamente. Asimismo se ponen en marcha otras dos plazas más en Elda y San Vicente del Raspeig que serán para secciones mixtas, es decir que tramitan tanto asuntos civiles como penales. A estas se suman cuatro nuevas plazas en la jurisdicción social, con dos refuerzos en Alicante y otros dos en Elche, lo que permitirá aliviar la elevada carga de trabajo que soportan estos órganos. El problema es que esta parte del despliegue no se espera hasta junio de 2027, cuando los magistrados han venido alertando que esas plazas se necesitan con urgencia para el momento actual.

A estas plazas, se suman otras 200 más de fiscales para toda España, de las que ocho corresponderán a la provincia. El reparto será: cuatro en Alicante, uno más para cada una de las poblaciones de Alcoy, Benidorm, Elche y Torrevieja. La incorporación está prevista en diciembre de 2026.

Cláusulas suelo

Precisamente, la implantación de los tribunales de instancia fue el motivo esgrimido por el Ministerio de Justicia para no renovar el pasado 1 de julio los refuerzos para una buena parte de los juzgados especializados en cláusulas suelo de toda España, entre los que se incluye el de Alicante. Los cuatro jueces que reforzaban este órgano recibieron el día 30 de junio el aviso de que ya no iban a ser renovados en ese destino. La decisión se producía cuando aún quedaban más de 5.000 asuntos pendientes en un juzgado que asume las demandas contra bancos por cláusulas abusivas en la hipoteca de toda la provincia.

Las fuentes del Palacio de Justicia consultadas por este diario precisaron que, aunque el número de casos ya estaba bajando, quedaba aún un alto número de asuntos por resolver, a pesar de que se había logrado un volumen de resolución de 500 sentencias al mes. Por lo que la decisión llegó en el peor momento. En este sentido, desde la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial se ha pedido al Ministerio de Justicia que replantee esa situación. Por este motivo, aunque se celebra la creación de nuevas plazas, se ve con preocupación que se va a tardar meses en contar con estos nuevos efectivos.

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