El fundador de la terminal de cruceros de Alicante se querella contra sus antiguos socios, a los que acusa de maquinar para echarle del proyecto

El fundador de la terminal de cruceros de Alicante, el empresario Carlos Almódovar, ha presentado una querella contra varios de sus socios en el proyecto y otros colaboradores a los que acusa de haber urdido una "maquinación" para apartarle de la concesionaria de las instalaciones portuarias. La denuncia, que ya ha sido admitida a trámite por el juzgado de Instrucción número tres de Alicante, va dirigida contra ocho personas, entre los que se encuentran los socios con los que se alió para la concesión, así como otras ocho empresas: Martín e Hijos, Socas Servicios Portuarios, Euflemar, Somar Capital, Servicios Portuarios Canarios, Global Ports Canary Islands y Global Ports Alicante.

El escrito detalla una estrategia de "asfixia económica y procesal" dirigida presuntamente por un bloque inversor canario mayoritario que se había sumado al proyecto para aportar financiación. Según la tesis que se sostiene en la querella, los denunciados habrían provocado "deliberadamente la insolvencia y posterior liquidación" de la empresa original (Costablanca Portuaria, S.L.) tras apartar a su fundador (el querellante) y forzarle a malvender sus acciones "bajo coacción" aprovechando impagos laborales.

Después, tras extinguir la sociedad deudora, habrían logrado que la Autoridad Portuaria de Alicante les adjudicara de nuevo la explotación de la terminal a través de una "nueva estructura societaria limpia" (GPCI / SEPCAN) controlada por las mismas personas físicas. Según la denuncia, el negocio, que hoy bate récords de cruceristas y genera un fuerte impacto económico, sigue en sus manos mientras Almodóvar quedó completamente excluido.

En este sentido, la querella incide en que "no se trata de un mero conflicto empresarial privado", ya que como consecuencia de la insolvencia se habría causado un daño a las arcas públicas de más de 649.500 euros en créditos que el administrador judicial acabó declarando como "incobrables" al declararse en concurso de acreedores.

La principal afectada por esta deuda es la propia Autoridad Portuaria de Alicante, que ostenta una deuda de más de 602.000 euros en concepto de tasas portuarias devengadas y no satisfechas por la anterior empresa, recoge el texto. El resto del agujero corresponde a deudas acumuladas con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y administraciones locales.

Asfixia económica

La querella sostiene que los implicados urdieron "una maquinación sostenida durante más de una década" destinada a "asfixiarle económicamente" a través de hasta cuatro frentes judiciales distintos: penal, civil, social y mercantil, en las que presentaron "documentación y testigos falsos". Una vez archivadas todas esas denuncias interpuestas, Almodóvar responde ahora con otra querella contra sus denunciantes argumentando que todo fue un ardid para arrastrar a la concesionaria al concurso y a la liquidación y poder trasvasar la explotación real de la terminal de cruceros a una nueva mercantil controlada por las mismas personas.

Entre los delitos por los que se presenta la querella están los de denuncia falsa, falso testimonio, insolvencia punible, estafa procesal y blanqueo de capitales.

En la querella se relata que el proyecto de la terminal de cruceros de Alicante nació en junio de 2011, cuando Almodóvar se lanzó a buscar nuevas líneas de negocio ante la crisis en el sector de la construcción, logrando en diciembre de 2013 que se le adjudicara la explotación de las instalaciones portuarias.

Para el proyecto, uno de sus socios fue la mercantil canaria Martín e Hijos, que asumiría la responsabilidad financiera; mientras que Almodóvar y su otro socio, Vicente Amador, se responsabilizaron de la dirección ejecutiva a través de una empresa creada expresamente para sacar adelante el proyecto, Inversiones Portuarias Alicántara (IPA). De esta manera, se crearía la firma Costablanca Portuaria, a la que se le acabaría dando la concesión original.

Las primeras cifras

La previsión era de 278.400 pasajeros anuales y un ingreso bruto potencial de 3,3 millones. La explotación arrancó con éxito inmediato, duplicando el número de cruceristas previstos para el primer año. Sin embargo, a mediados de 2014 Martín e Hijos comunica su “incapacidad sobrevenida” para seguir aportando el capital financiero necesario. De esta manera entró una nueva sociedad a la explotación de la terminal, Socas Servicios Portuarios, que aportó el 25 por ciento, pero a los dos meses ambas comunican que seguía sin poder solventar el problema financiero estructural, por lo que entró un nuevo socio Euflemar. Pero el dinero sigue sin llegar, llegando a proponer los socios a Almodóvar que se emitieran pagarés financiados por los ingresos derivados de la explotación de la terminal, se asegura en el documento que obra ya en manos de la titular del juzgado de Instrucción número 3.

La querella habla de “asfixia deliberada” destinada a forzar que el querellante acabara vendiendo sus participaciones a un precio irrisorio: 70.000 euros de los que solo cobraría efectivamente 18.667. “Tras más de siete años de litigio se envolvería a Carlos en una contienda simultánea en cuatro órdenes jurisdiccionales (laboral, civil, penal y concursal), se le criminalizaría con una querella por estafa construida sobre un documento que jamás firmó y finalmente se le despojaría de toda expectativa de cobro del crédito indemnizatorio de 218.285 euros mediante la conducción deliberada de Costablanca al concurso y a la liquidación”, relatan los abogados del querellante.

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