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El Consell modifica el contrato de obras la Ciudad de la Justicia de Alicante para adaptarla a la nueva oficina judicial

El cambio supondrá un incremento de 14,27 millones y permitirá adecuar las instalaciones a la redistribución de espacios que conlleva la implantación del Tribunal de Instancia

Imagen de las obras de la Ciudad de la Justicia.

Imagen de las obras de la Ciudad de la Justicia. / Alex Domínguez

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Alicante

El Pleno del Consell ha autorizado este viernes la modificación del contrato de obras para la construcción de la Ciudad de la Justicia de Alicante con el fin de adaptar el edificio al nuevo modelo organizativo derivado de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

La modificación, que supondrá un incremento de 14,27 millones de euros sobre el contrato, correspondiente al ejercicio presupuestario de 2027, permitirá adecuar las instalaciones a la implantación del Tribunal de Instancia en el partido judicial de Alicante, cuya nueva organización exige una redistribución funcional de los espacios para responder a las necesidades del nuevo sistema judicial, ha explicado la Generalitat en un comunicado.

Organización

En concreto, el proyecto incorpora cambios destinados a facilitar la integración de las distintas secciones especializadas del Tribunal de Instancia en una estructura organizativa única, optimizar la organización de las oficinas judiciales y garantizar la flexibilidad tecnológica del edificio para responder a las necesidades presentes y futuras del servicio público de Justicia.

Las actuaciones previstas girarán sobre tres grandes ejes como son la reconfiguración arquitectónica del modelo judicial, la centralización de los servicios de gestión y la mejora de la flexibilidad y adaptabilidad tecnológica de las instalaciones.

La Ciudad de la Justicia de Alicante concentrará en un único complejo las principales sedes judiciales de la ciudad, con unas instalaciones adaptadas al nuevo modelo organizativo previsto por la normativa estatal, con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio público y optimizar la atención a la ciudadanía.

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