Un juzgado de Benidorm amplía a 21 los procesados por la trama rusa de blanqueo en la Costa Blanca y Baleares

La macrocausa sobre la presunta red de blanqueo de capitales vinculada a empresarios rusos con inversiones en la Costa Blanca y Baleares da un nuevo paso hacia el banquillo. La magistrada de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Benidorm ha dictado un nuevo auto por el que amplía el procedimiento abreviado de cinco a 21 investigados por su presunta participación en una organización dedicada al blanqueo de fondos procedentes del crimen organizado ruso, además de supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos.

La resolución, fechada el pasado 27 de julio, se produce después de que el Tribunal Supremo estimara el recurso de casación presentado por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizado de Madrid y dejara sin efecto el archivo a 18 investigados acordado en Benidorm tras anular la Audiencia de Alicante la citación a estos implicados para declarar por estar fuera del plazo legal de instrucción, que no se prorrogó por un error judicial.

En el nuevo auto vuelven a aparecer los cinco procesados que ya estaban pendientes de que la Audiencia fijara la fecha del juicio, para los que la Fiscalía llegó a solicitar penas de seis años de prisión para cada uno por delitos de organización criminal y blanqueo de capitales mediante inversiones en el sector inmobiliario, la hostelería y el ocio. Por contra, dos los 18 investigados a los que se revocó el archivo son dos ciudadanos rusos que tampoco han sido procesados al estar en paradero desconocido y para los que se ha decretado el sobreseimiento provisional por no haberles podido tomar declaración como investigados.

Según se recoge en el auto de procesamiento, la causa abierta en un juzgado de Benidorm en 2015 se originó por las investigaciones del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía de Alicante, que detectó movimientos sospechosos de capitales que recibieron ciudadanos rusos en la Costa Blanca. El dinero llegaba a España desde Rusia y procedía de empresarios rusos vinculados con el crimen organizado exsoviético. El dinero habría sido canalizado mediante sociedades pantalla, operaciones de «hawala», transferencias internacionales y compraventas inmobiliarias para dar apariencia legal a los capitales.

Entramado empresarial

La resolución judicial describe un entramado empresarial con ciudadanos rusos y españoles que habría canalizado inversiones en promociones inmobiliarias de lujo, restaurantes, terrenos y establecimientos de ocio de la provincia de Alicante, Ibiza y Formentera, entre otros lugares.

Entre las operaciones investigadas figura la adquisición de una vivienda en Altea Hills por 660.000 euros, así como diversas transferencias desde cuentas en Suiza a sociedades españolas vinculadas a la investigación. También se recoge en la causa la financiación de una promotora responsable del proyecto residencial Celeste en Altea, mediante millonarias aportaciones procedentes de Rusia, Chipre y Letonia. Señala el auto que un empresario ruso vinculado con el crimen organizado remitió más de cinco millones de euros a dicha sociedad, además de facilitarle un préstamo personal de cuatro millones. Según la Agencia Tributaria, dicha empresa recibió más de diez millones entre 2007 y 2014.

El auto del juzgado de Benidorm también incluye operaciones en Ibiza relacionadas con un restaurante, la compra de una nave y con intentos de adquirir dos discotecas en la isla para blanquear dinero del crimen organizado, además de la compra de unos terrenos en Formentera y la creación de diversas sociedades mercantiles utilizadas, presuntamente, para canalizar fondos hacia inversiones inmobiliarias y empresariales.

Por otro lado, la trama contaba con una red de contactos con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y cargos públicos. La magistrada considera que existen indicios de que uno de los principales investigados, un abogado ruso afincado en Altea, habría mediado para acelerar expedientes de residencia de ciudadanos rusos, retirar sanciones administrativas o facilitar otros trámites administrativos mediante la entrega de regalos o contraprestaciones económicas.

El auto hace referencia a los contactos de este investigado con un inspector de la Policía Nacional y un guardia civil, a quienes se atribuyen supuestos favores relacionados con expedientes de extranjería y consultas policiales. Asimismo, señala la jueza la notable influencia que ejercía en el Ayuntamiento de Altea y apunta que este investigado se introdujo en la vida política «como lobista del Partido Popular de Altea para beneficiarse en sus negocios».

Además de este abogado ruso también ha sido procesado un letrado español al que la juez imputa labores de ayuda y asesoramiento a miembros de la trama para blanquear el dinero de «origen dudoso».

La resolución judicial también incorpora operaciones relacionadas con criptomonedas, que, según la investigación, habrían servido para ocultar el origen de parte de los fondos investigados.

La jueza ha dado traslado ahora a la Fiscalía y al resto de acusaciones, entre ellas el PSOE, para que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, el sobreseimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias. El auto no es firme y puede ser recurrido por las defensas de los 21 investigados.

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