Dos de los candidatos a una de las 4.636 plazas convocadas por Educación, y a quienes respalda el sindicato de enseñanza CC OO, han recurrido las pruebas por la discriminación de género y de imagen que denuncian haber sufrido ante sendos tribunales, que acabaron por suspenderles tras «vejar su dignidad».
Al candidato trans se le requirió, ante uno de los tribunales de Música, primero que certificara médicamente su género con un informe médico y, a continuación, tras preguntarle cómo prefería que se le llamara -está en proceso de ser varón-, pese a que el afectado precisó que era hombre, se refirieron a él como mujer. El delegado de CC OO en l'Alacantí-Les Marines, Alfonso Terol, advierte de que se trata de una circunstancia muy grave que desestabiliza a un opositor ante el tribunal.
Recuerda este delegado sindical que el propio Consell y concretamente el departamento de Educación, ha puesto ya en marcha la ley de Igualdad que especifica que en estos casos se puede usar el apellido sin necesidad de inquirir a la persona de que se trate. «El género no puede ser discriminatorio en ningún caso, pero si además se especifica la preferencia de un nombre, ¿por qué se refieren a él con el que no ha dicho?».
El afectado ha presentado ya un recurso de alzada para que se le repita la última prueba de su oposición de Música, en la que sucedió lo narrado, y con otro tribunal, recusando al anterior.
Una vejación similar, por la que también ha recurrido y reclama que se repita la última prueba, es la que ha sufrido María Sánchez ante otro tribunal, en este caso de Hostelería y Restauración en Valencia. La afectada, ilicitana, lleva a sus espaldas veinte años de docencia y trabaja como maître también, sin que hasta la fecha haya sufrido discriminación alguna ni en las aulas ni en el restaurante, asegura.
Sin embargo, todavía se hace cruces ante los comentarios con que el primer miembro del tribunal se dirigió a ella cuando acababa de exponer su programación didáctica y llegó el turno de las preguntas. «Me llamó la atención sobre el código deontológico, que cómo me presentaba así en una oposición, con un tatuaje en la cabeza. Iba con mi mejor traje y me quedé bloqueadísima», confiesa.
Con un nudo en la garganta rompió a llorar y trató de explicar que lleva «cinco años luchando contra mi enfermedad, Alopecia Areata Universal, y tratando de revalorizar mi imagen». Sin piedad ni respeto alguno, el referido miembro del tribunal, tal y como relata María Sánchez, «me contestó que mis motivos le daban igual, pero que no tenía por qué presentarme así en la especialidad para Jefe de Sala de camareros, que no era correcto, que qué iba a enseñar a mis alumnos y que debía haber ido con un pañuelo o una peluca». Confiesa la afectada que además sufre vitíligo o despigmentación de la piel, pero que lo que más le dolió fue la referencia a los alumnos. «Para empezar les enseño valores de no discriminación, de igualdad y a luchar por sus sueños».
Se le recriminó asimismo que piercings, perfumes y uñas largas podían contaminar los alimentos, pero como recalca María «no es el caso de un tatuaje» y, pese a ello, se le hizo ver también que su imagen, con un mandala en la cabeza, distorsionaba el servicio, «algo que no me ha sucedido ni me han dicho en los seis años que llevo trabajando calva», afirma.
El estado emocional en el que quedó tras este repaso a su imagen no le permitió «pensar en condiciones», y reconoce que fue incapaz de contestar a las preguntas del resto del tribunal de forma adecuada. Un 4 le ha dejado fuera de la oposición que había aprobado hasta ese momento. «Si me pasa en la calle respondo de otra forma, pero la presión de una oposición te desarma», lamenta.
Otro opositor, en su caso de Economía, ha recurrido contra la presidenta de su tribunal «como coautora de un libro casualmente con la opositora que ha sacado mejor nota. No se ha respetado el principio e igualdad, mérito y capacidad», reclama a través de su abogado, Juan Selva, que quiere llegar al contencioso.
Tomás Andreu, otro profesor suspendido, denuncia a su vez la «quimérica igualdad de oportunidades» en un tribunal de Historia «cuyo presidente trabajó este curso con uno de los aprobados tras la exposición oral». Afirma que otro aspirante aprobado integra el partido político de ese presidente y que debería haberse recusado.
