"Con la LOSU por primera vez hay un compromiso por escrito para mejorar la financiación de las universidades"

El director general de Universidades, José Manuel Pingarrón, estuvo este miércoles en la Universidad de Alicante para explicar los pormenores de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario en un acto abierto al público pero dirigido especialmente a investigadores y personal del campus a fin de aclararles cómo se llevará a cabo la futura implementación de esta norma.  Aunque cree que la nueva Ley de Universidades podría mejorarse, considera que la LOSU será una herramienta que garantice la estabilidad del profesorado y acabe con la precariedad en las bolsas de trabajo de las universidades.

Pregunta: Una de las cosas que se ha reprochado a esta Ley es que son necesarios recursos para aplicarla, ¿hay compromisos para mejorar la financiación?

Respuesta: Por primera vez en una Ley Orgánica de Universidades hay un compromiso por escrito del Gobierno. La Ley es una Ley del Gobierno, del Ministerio de Universidades, para alcanzar un mínimo del 1% del PIB en el conjunto del Estado para la financiación pública. No olvidemos que ahora estamos alcanzando el nivel de financiación que se tenía en el sistema público universitario español en el 2009, catorce años después. Evidentemente hay un compromiso por parte del Gobierno para que este tema se trate. Es cierto que este compromiso tiene que ser mutuo con las comunidades autónomas, porque la financiación de sus universidades es competencia de ellos.

P.:¿Hay disposición a colaborar por parte de las comunidades?

R.: Tenemos un órgano colegiado, que es la Conferencia General de Política Universitaria, donde está el Ministerio y las 17 comunidades autónomas. Es un órgano donde todas las políticas se dialogan y se intentan consensuar. En cuanto a los responsables de educación superior de las comunidades, sí hay un compromiso de mantener este diálogo con el Gobierno Central para, entre todos, cumplir ese aumento de la financiación. Hay una muy buena predisposición por parte de los gobiernos autonómicos para invertir en educación superior, en ciencia y en transferencia, a intercambio de conocimientos. Así que soy optimista en este sentido.

P.: ¿Persisten las críticas o se han dejado atrás?

R.: Es una Ley Orgánica que ya ha sido aprobada y ha entrado en vigor el 12 de abril. Ahora llorar por la leche derramada no tiene mucho sentido. Lo que tenemos que hacer es desarrollarla bien e implementarla. Es lógico que haya críticas. Es evidente que una Ley Orgánica de una cosa tan transversal como es la Educación Superior habrá aspectos que gusten más o que gusten menos. Desde el propio Ministerio hay aspectos que nos gustan más que otros. Porque al final las leyes las hacen los diputados y los senadores, no sólo el Ministerio que la propone. Creemos que la LOSU mejora sustancialmente la Ley anterior y que abre oportunidades que con la LOU no se podían abrir. Críticas siempre tiene que haber y además es bueno que las haya. Leyes por unanimidad ocurren en otros países. 

«Es fundamental que acabemos con la bolsa de precariedad a la que dio lugar la falta de recursos la última década »

P.: ¿Qué mejora respecto a la anterior?

R.: Hay cuatro cosas fundamentales. La primera ya la he mencionado antes, respecto a la financiación. Otro aspecto muy importante es el de la carrera académica que establecemos, con dos objetivos fundamentales. El primero que nuestro compañeros se estabilicen a los treinta y tantos años y no cerca de los cincuenta como se estabilizan ahora. Terminar también con la bolsa de precariedad a la que dio lugar la falta de financiación en la última década, que ha hecho que por ejemplo se utilice de una manera inapropiada la figura del profesor asociado. Es fundamental que terminemos con esa bolsa de precariedad de tal manera que haya gente que gane 700 u 800 euros y que sin embargo dé 180 horas de clases al año. Otro aspecto es el de la internacionalización, para nosotros es fundamental que la Universidad española se abra al mundo, se internacionalice en todos los aspectos. Apoyamos fuertemente el proyecto de universidades europeas, el espacio iberamericano de educación superior, removemos barreras para que los estudiantes puedan venir a estudiar a España. Por ejemplo hasta ahora era necesario solicitar permiso de residencia cada año de un estudiante extranjero venía a España. Ahora con la ley, ese permiso es válido durante todo el tiempo de duración de los estudios. Es decir, si viene a estudiar un grado, cuatro años de permiso de residencia en España, sin necesidad de renovarlo. Y por último la formación a lo largo de la vida con la introducción de las microcredenciales para recualificación del profesorado, va a ser una misión fundamental de la Universidad española de los próximos años. Esas cuatro cosas son a mi entender algunas de las más importantes. Hay más pero de cara a la sociedad éstas sean las cuatro más importantes.

P.: ¿Ésta es la Ley que necesitaban las universidades?

R.: Nunca hay una ley perfecta. El sistema español en educación superior es complejo porque el estado tiene la competencia general, pero luego la desarrollan las comunidades autónomas. Muchas de ellas tienen leyes autonómicas de universidades. Y luego está la autonomía universitaria. Lo que sí da la ley es la posibilidad de abrir caminos nuevos para que las universidades se desarrollen más. Pero evidentemente esto dependerá de las propias universidades y también del desarrollo que los propios gobiernos autonómicos quieran darlo. Pero la ley facilita esa apertura de las universidades hacia la sociedad y hacia el mundo en realidad.

«La nueva Ley no es la que nos gustaría pero está claro que mejora sustancialmente la anterior y abre nuevas oportunidades»

P.: ¿Hay medidas para evitar la marcha de estudiantes al extranjero a trabajar tras terminar la carrera?

R.: Hay varios planes en los distintos ministerios. El Ministerio de Ciencia e Innovación acaba de aprobar un plan de retorno de investigadores españoles, dentro del plan estatal de Ciencia y Tecnología. Nosotros con los fondos europeos hemos sacado unos contratos que se llaman Margarita Salas para movilidad de jóvenes doctores; y María de Maeztu para el retorno de personas que llevan cuatro años en el extranjero. Lo más importante de todo es que se les ofrezca las posibilidades en España para que el que se tenga que ir que se vaya, creemos que la movilidad es buena, de hecho en la nueva uno de los requisitos para poder estar en una plaza de profesorado permanente será haber estado un mínimo de nueve meses en otra universidad o centro de investigación distinto de donde hiciste la tesis doctoral. Es decir que la movilidad es buena. Pero luego también que tengan oportunidades de retorno aquellos que quieran retornar. Y para eso es verdad que ahora con la utilización de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia estamos sacando a la luz muchas herramientas para que eso pueda ser así. No solamente para los investigadores y los estudiantes postdoctorales tienen que volver a la Universidad o a los organismos públicos de investigación, también tienen que volver a las empresas, al tejido social. Esto es una tarea compartida. No todos los que acaban una tesis doctoral tienen que ser funcionarios. Es importante que el tejido empresarial, industrial, social, el tercer sector, tenga también doctores en sus filas para poder desarrollar lo que es la innovación. Esto es una labor compartida de toda la sociedad española, pero desde luego creo que si se les ofrece a quien hace una tesis doctoral ese camino de estabilizarse diez o doce años, es decir, que tengan una posición estable en cualquiera de las figuras que marca la ley a los 35 años, esa será la mejor manera de evitar que la gente se vaya por ahí. El problema es que si se alarga mucho en el tiempo, estamos haciéndolo mal.

«Soy optimista con la disposición de las comunidades autónomas para invertir en Educación Superior»

P.: ¿Están bien financiadas las universidades?

R.: No, claramente no. Y por eso el compromiso de la ley de llegar al 1% del PIB en el conjunto del Estado. Ahora estamos recuperando el nivel de 2009. Catorce años después. Es evidente que no. Junto con la financiación tiene que ir una exigencia clara de transferencia y rendición de cuentas. Además las universidades están absolutamente dispuestas a que esto sea así. Pero también introducimos modelos de financiación en la ley, donde hay una financiación estructural, como gastos corrientes del a Universidad. Pero luego introducimos un vector que muchas comunidades ya tienen que es la financiación por objetivos pactados. Entre la comunidad y la Universidad correspondiente de mejora en los resultados de docencia, de investigación, de transferencia, de internacionalización, de digitalización… pues todos esos objetivos si se cumplen deben suponer una mejora en la financiación por parte de las comunidades autónomas. Evidentemente el Estado tiene que hacer un esfuerzo también. Es un tema un poco complejo porque desde el Estado no podemos decir a un comunidad autónoma que tiene sus competencias que si yo te subo un uno por ciento, ese uno por ciento lo tienes que destinar en universidades. Eso no se puede. La financiación no es finalista nunca. Por eso es necesario un pacto, para que en la mejora en la financiación autonómica vaya una parte a la mejora de las universidades. Pero eso es competencia de las comunidades autónomas. No podemos decir que te damos esto y te lo tienes que gastar en esto exactamente. Sólo podemos hacer desde el Ministerio hacer actuaciones singulares como hemos hecho con el plan digital por ejemplo que eso sí podemos hacer transferencias directas a las universidades, pero en plantillas, gastos corrientes… eso tiene que ser la comunidad autónoma.