"Alicante sufre una presión añadida por las segundas viviendas y por un modelo residencial pensado para otros perfiles"

¿Qué significa, como arquitecta y académica, formar parte del Consejo Asesor de Vivienda en un momento clave en España?

Desde luego yo lo he vivido y lo estoy viviendo como un honor y como una oportunidad. Hay representantes de sindicatos, empresarios, constructores… una pluralidad muy amplia. Y luego estamos algunas personas que somos expertas y académicas. Desde esa condición de quienes dedicamos nuestra vida a investigar y a producir conocimiento, pero con la vocación clara de que ese conocimiento sea útil a la sociedad, participar en un organismo así es un honor y una oportunidad de aportar, desde nuestras áreas de estudio y experiencia, para intentar solucionar o al menos paliar un problema tan grave como el de la vivienda, que así lo perciben las españolas y los españoles. Para mí, este Consejo combina honor, responsabilidad, ilusión y esperanza al ver a tantas personas capaces, inteligentes, con un tono y un talante constructivo, más allá de ideologías, con la convicción de que es el momento de aportar.

¿Cuál va a ser su papel?

El Consejo Asesor es un organismo técnico y consultivo, contemplado ya en la Ley de Vivienda. Su función es analizar y asesorar las políticas del Ministerio. Por mi perfil, entiendo que mi aportación se situará principalmente en la línea que aborda la llamada España vaciada o, mejor dicho, los territorios periféricos. No solo periferias geográficas, sino también sociales, económicas o incluso simbólicas. Nuestra investigación en la universidad se ha desarrollado muy cerca de esos entornos aparentemente olvidados, especialmente desde la arquitectura, y creo que ahí podemos aportar una mirada útil. Otra cuestión que interesa especialmente al Ministerio es el trabajo que llevamos años desarrollando sobre género y generaciones. El problema de la vivienda afecta de forma específica a las mujeres, no solo por su papel histórico como cuidadoras y por la concepción de la vivienda como espacio de cuidados, sino también desde una perspectiva generacional. Las y los jóvenes tienen enormes dificultades para emanciparse, la edad media supera ya los 30 años, pero también debemos atender a las personas mayores, con necesidades habitacionales muy específicas. No hablo de residencias, sino de fórmulas que permitan mantener la autonomía, la dignidad y también la ilusión por vivir y compartir durante el mayor tiempo posible. A esto se suma una tercera línea muy relacionada con las anteriores: repensar el concepto de calidad en arquitectura.

Sin un parque público de vivienda potente, es imposible moderar los precios del mercado

¿Qué opina de la propuesta de Sánchez de dar incentivos fiscales a los propietarios para estabilizar los precios del alquiler?

Hay que intentarlo por todos los medios y aplicar políticas multiescalares que atiendan todos los puntos sensibles del problema. Incluso en la reunión del Consejo Asesor se mencionó la posibilidad de recuperar medidas similares a las que se adoptaron durante la pandemia, que no provocaron una convulsión en el mercado. Ahora bien, está por ver qué se decide finalmente.

No puede ser que una vivienda protegida se descalifique a los quince años: es una perversión del sistema

En el panorama político no hay consenso y hay disparidad de propuestas, ¿cuál cree que es la solución para facilitar el acceso a la vivienda?

El problema es muy complejo y no debemos ser ingenuos: su abordaje tiene una fuerte componente ideológica. La diferencia fundamental está en entender la vivienda como un negocio o como un derecho. Yo suscribo esta segunda visión, que además está recogida en el artículo 47 de la Constitución Española. La política debe ser multiacción y multiescalar. Una diferencia clave respecto a 2020 es que entonces pensábamos que bastaba con movilizar vivienda vacía. Hoy, tras un fuerte crecimiento poblacional en pocos años, es evidente que también hay que apostar por la construcción. Hay que aplicar medidas fiscales y financieras, incentivar créditos e hipotecas, poner vivienda en el mercado y, sobre todo, construir un parque público de vivienda potente que ayude a moderar los precios de la vivienda libre. Además, una vivienda protegida no puede descalificarse a los quince años; eso es una perversión del sistema. El parque público debe mantenerse de forma permanente. También es fundamental trabajar en la rehabilitación, no solo por sostenibilidad, sino porque es más rápida: adaptar viviendas de los años sesenta y setenta a estándares contemporáneos es una oportunidad enorme. Y todo esto está relacionado con la fijación de población en territorios rurales. No de cualquier manera: hace falta ofrecer oportunidades laborales. La conectividad hoy está prácticamente garantizada, pero sin empleo no hay proyecto de vida. Vivienda y territorio se reclaman mutuamente.

Sin un parque público de vivienda potente, es imposible moderar los precios del mercado

Gran parte del debate se centra en grandes ciudades, pero en Alicante los precios también son muy elevados. ¿Qué particularidades deben tenerse en cuenta?

El litoral mediterráneo, y Alicante en particular, añade complejidades específicas. No solo Madrid o Barcelona están tensionadas; también lo están territorios que no solemos mencionar. Si analizamos los precios del alquiler, quizá debamos revisar el concepto de zona tensionada y, desde luego, quizá aplicárselo a zonas como Alicante, donde confluyen fenómenos como las segundas residencias, legítimas pero vacías gran parte del año, o urbanizaciones pensadas para población mayor europea con alto poder adquisitivo, lo que genera efectos de expulsión sobre la población local. Todo ello exige diagnósticos más finos y ajustados a cada territorio. Solo así podremos proponer políticas más certeras y acertar en las teclas que hay que tocar para responder a este clamor social.

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