Los rectores condenan la violencia a las instituciones educativas y reafirman su rechazo a la guerra

Los máximos responsables de las universidades españolas, entre ellas, la de Alicante (UA) y la Miguel Hernández (UMH), así los como las instituciones académicas del resto de la Comunidad, han condenado la violencia contra las instituciones educativas y han reafirmado su rechazo a la guerra. La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha manifestado su "profunda preocupación" por el "impacto devastador que los conflictos armados tienen sobre la educación, las comunidades académicas y la sociedad civil".

"La guerra destruye vidas, instituciones y oportunidades de futuro, afectando de manera especialmente grave a quienes desarrollan su labor educativa y de investigación, así como al estudiantado y a las comunidades que dependen de estos espacios de conocimiento", ha manifestado la entidad a través de un comunicado.

En este contexto, CRUE ha condenado el ataque perpetrado el 12 de marzo por Israel contra la Facultad de Ciencias de la Universidad Libanesa, institución pública de Beirut ubicada en el barrio de Hadath, que causó la muerte del decano Hussein Bazzi y del profesor Murtada Srour. La Conferencia traslada su solidaridad a la comunidad universitaria libanesa y a las familias, colegas y estudiantes de las víctimas. La pérdida de dos miembros de la comunidad académica supone, según la entidad, "un golpe profundo" para la universidad y para el sistema educativo en su conjunto. 

Bombardeo en una escuela de niñas

Asimismo, los rectores se han referido al reciente bombardeo que se registró en una escuela de niñas en Irán, que dejó casi 200 muertos, como "un hecho que evidencia la gravedad de los ataques contra instituciones educativas y el impacto de los conflictos armados sobre los derechos humanos, el derecho a la educación y la seguridad de las comunidades educativas". 

Para la CRUE, "atacar escuelas, universidades o centros de investigación, así como a quienes desarrollan su labor en ellos, es incompatible con los principios del derecho internacional y con las normas que protegen a la población civil y los espacios dedicados a la educación y al conocimiento. Estos lugares deben preservarse como espacios seguros de encuentro, diálogo y cooperación entre pueblos".

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