La transformación digital de las administraciones tributarias y cómo afecta a los ciudadanos de la UE es el principal objetivo de la conferencia internacional que ha organizado la Universidad CEU Cardenal Herrera. Durante dos días, se han expuesto los posibles beneficios y riesgos del uso de las tecnologías disruptivas en los procedimientos tributarios y cuáles son los nuevos derechos del contribuyente en este escenario digital. Tecnologías como blockchain, análisis de big data, minería de datos, Internet de las cosas, realidad virtual, inteligencia artificial (IA) y técnicas algorítmicas forman parte de los procesos e instrumentos al servicio de la Administraciones Pública.
«Pero, también, sus implicaciones políticas, socioeconómicas, legales, culturales e, incluso, su aceptación por parte de los ciudadanos”, asegura Álvaro Antón, investigador del CEU y organizador del encuentro. Es innegable, reconoce este especialista que lidera el panel de expertos del proyecto internacional Jean Monet Digitalization of tax administrations in the EU, financiado por la Unión Europea, que se está produciendo un avance hacia una Administración Publica data-driven.
Para los expertos que han participado en esta conferencia, el impacto real de tales tecnologías y las formas en que pueden alterar el panorama existente en el ámbito de la recaudación tributaria son, en gran medida, desconocidas. «Por ello, la implementación de estas tecnologías disruptivas en las Administraciones Públicas requiere una evaluación exhaustiva de su impacto», advierte Antón.
Todo enfocado a mejorar la gestión de los datos de los contribuyentes y apoyar sus decisiones administrativas desde una triple perspectiva: la optimización del proceso de cumplimiento de obligaciones y la lucha contra el fraude fiscal, la mejora de la información y la asistencia al contribuyente. «Se trata de un modelo con potencial para mejorar los servicios púbicos prestados a los ciudadanos. Por ejemplo, a través de un modelo personalizado, proactivo y omnicanal, mediante un único punto de acceso para que el ciudadano obtenga información o realice trámites con la Administración».
Sin embargo, esta transformación digital también puede tener un impacto en el ordenamiento vigente y ser fuente de conflictividad, reconoce Antón. «En general, muchas Administraciones Tributarias de la UE también están utilizado tecnologías disruptivas para implementar un modelo reactivo basado en la recopilación y procesamiento masivo de datos de transcendencia fiscal para detectar el fraude».
Por ello el proyecto Jean Monnet Digitalization of tax administrations in the EU parte de la premisa de que la validación de las estrategias de digitalización por parte de las Administraciones Tributarias no puede limitarse a constatar su viabilidad técnica y su eficiencia en términos de recaudación y detección del fraude. «Hay que tener presente que los cambios esenciales en los social frameworks y mechanisms no suelen producirse sin consecuencias», apunta Antón.
Además, las estrategias de digitalización entre los Estados de la UE tampoco han ido acompañadas de estudios sobre los impactos que ésta puede tener. «Por un lado, en los contribuyentes y los actores tradicionales del sistema tributario y, por el otro, tanto en los ordenamientos jurídicos y políticas fiscales vigentes como en la propia Administración Tributaria entendida en su dimensión jurídica pero también, humana. Aspectos, estos últimos, que consideramos primordiales para asegurar que esta transformación sea verdaderamente justa y sostenible», concluye Antón.
Entre los ponentes se encontraba Pasquale Pistone, presidente académico del International Bureau of Fiscal Documentation, fundación que se ha convertido en la principal autoridad mundial en impuestos transfronterizos, a la que acuden profesionales de impuestos de todo el mundo «para obtener conocimientos e investigaciones tributarias independientes de alta calidad». Asimismo, también ha intervenido Cristina García-Herrera Blanco, directora de Estudios del Instituto Estudios Fiscales, organismo adscrito al Ministerio de Hacienda. Entre sus funciones, además de la investigación y la formación especializada, está la del asesoramiento económico y jurídico en las materias relativas a los ingresos y gastos públicos y su incidencia sobre el sistema económico y social.
