D el pleno al juzgado. El Partido Popular en el Ayuntamiento de Orihuela encabezado por la alcaldesa, Mónica Lorente, hizo valer su mayoría para declarar desierto el concurso de recogida de basura en una sesión tensa, con bronca y mucha expectación reflejada en el público que ayer llenó el salón de plenos del Palacio del Marqués de Arneva.

El PP se quedó solo en la votación porque segundos antes los concejales del PSOE, Los Verdes y Centro Liberal Renovador, abandonaron la sesión, entre gritos del público increpando a los regidores que se quedaban. Desde allí fueron por la calle Mayor directos al Juzgado de guardia de Orihuela a denunciar los hechos, que también remitirán a la Fiscalía Anticorrupción.

La oposición dejó plantado al secretario con el micrófono en la boca al comprobar que el acuerdo de adjudicación del contrato de gestión de la recogida de basuras, motivo principal de la convocatoria del pleno extraordinario, no iba a ser sometido a votación porque el PP enmendó a última hora este punto para plantear declarar desierto el concurso. Estrategia que perfilaba desde hace días el PP para atajar la polémica y ahorrarse otra sesión de Ésas que recuerdan al anterior mandato municipal.

Tras la decisión del PP, los grupos sólo dispusieron de cinco minutos para valorar en un receso los informes del interventor y del secretario que, poco antes de tomar una decisión que se esperaba desde hace años, «aterrizaron» para avalar la decisión del PP.

Tras más de tres años de tramites la adjudicación partirá de cero no sin que la votación de ayer transmitiera la división interna en el grupo del PP. Las concejalas Eva Ortiz y Araceli Vilella, rescatadas del sector medinista del PP local, votaron sí a la propuesta de su grupo, ya con los escaños de enfrente vacíos, y con el matiz de que lo hacían porque el secretario municipal no advertía de que fuera ilegal. Una fórmula para expresar desacuerdo en la tramitación y salvar la disciplina de grupo, pero que que dejó perpleja a la oposición y al equipo de gobierno.

La oposición repitió hasta la saciedad los argumentos que ha mantenido hasta ahora para justificar que la adjudicación saliera adelante. La coincidencia de todos los informes en valorar la oferta de Urbaser como la mejor puntuada y como transfondo el beneficio que supone para el empresario oriolano Ángel Fenoll seguir con la actual situación y el «pésimo y tercermundista» servicio de limpieza que sufren ahora los vecinos. Incluso citaron el hecho de que tras las sospechas de amaño del concurso difundidas en grabaciones por Fenoll en 2006, éste «sea el único que ha estado en la cárcel». Además se destacó la repercusión en las arcas municipales de un posible contencioso de Urbaser, que según los cálculos del PSOE superaría los 900.000 euros por cabeza de edil del PP que haya votado dejar desierto el concurso, y hasta 12 millones de euros por otros conceptos. Estas cifras desataron las primeras sonrisas del secretario Alfonso Martínez.

La portavoz del PSOE, Antonia Moreno, preguntó al interventor municipal si consideraba que la tramitación de la adjudicación desde su inicio hasta el día de ayer está bajo sospecha. Lorente, en una de sus escasísimas intervenciones en más de tres horas de debate, dijo que el interventor no estaba obligado a pronunciarse. Javier Cifuentes sí se acercó al micrófono y dijo que el proceso administrativo para la adjudicación del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria «no está bajo sospecha». El teniente alcalde, Antonio Rodríguez Barberá, fue el encargado por la Alcaldía de hacer el discurso de oposición a la oposición. El informe principal revela un desfase entre las ofertas de marzo de 2006 y el periodo actual, que produciría un desequilibrio y quebranto en las arcas municipales del 15%. Barberá aseguró que los informes «sorpresa» del interventor y del secretario señalan que las ofertas no se ajustan al pliego de condiciones, no permiten una evaluación correcta del pliego de condiciones y ninguna se atiene exactamente a lo requerido por el pliego de condiciones dispuesto por el Ayuntamiento.

Las prisas de la oposición Sobre la supuesta repercusión patrimonial de una denuncia de Urbaser, Barberá recordó que la ley de contratos afirma que las empresas no pueden exigir derechos sobre contratos no adjudicados como es el caso. Barberá acusó a la oposición de «tener prisa por adjudicar» a lo que la oposición replicó que el PP es el que no tiene «nin guna prisa».