El juez Carlos San Martín ha citado a declarar en calidad de imputados el 17 de junio al exalcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, y al primer edil en funciones, Raúl Valerio Lorente Medina, en la investigación de la supuesta malversación de caudales públicos por la que fue detenido el primero en octubre de 2008 y que le obligó a dimitir. Es la primera vez desde que la investigación policial llegó a su desenlace que Moya y Valerio vuelven al juzgado para ser interrogados por este asunto.

Según el sumario, Moya retiró sin justificar de las arcas municipales durante cinco años cantidades que, según diversas fuentes, se sitúan entre 375.000 y 700.000 euros. El magistrado ya había implicado a Valerio Medina en la causa en un auto del que dio cuenta este diario en marzo y en el que aceptaba el desglose en cinco piezas de la llamada "Operación Bigastro". En aquella resolución incluía por primera vez a Valerio en la lista de implicados en el procedimiento que se sigue por "el cobro de efectos cambiarios expedidos por el Ayuntamiento sin justificación de su causa de su emisión".

Estas emisiones de pago, en muchos casos, eran retiradas personalmente por Moya o por un funcionario de su confianza. Los pagarés estaban avalados por tres claveros: El secretario, el tesorero y el alcalde. En varios documentos investigados la rúbrica del exalcalde aparecía en el anverso y el reverso del pagaré como portador.

Desde junio de 2007 a finales de 2008 -momento en el que un grupo especial de la Guardia Civil intervino el Ayuntamiento a raíz de diversas denuncias del PP- Raúl Valerio Medina ejerció como tesorero, algo legal en municipios pequeños.

Además de esta pieza el juez ha decidido separar la investigación en cuatro causas más. La permuta de suelo verde sobre la que se construyeron naves en el sector ZV3 del polígono Apatel, que lleva camino de archivarse y que es la que asume el juzgado de San Martín. Y el resto que se repartirán en otros órganos judiciales: La compra de un vehículo particular con dinero municipal por parte de un empresario al exalcalde valorado en unos sesenta mil euros; la construcción de un depósito de combustible en una zona verde en el sector D-6 y las supuestas irregularidades en varias parcelas del sector D9, en la que también aparece Medina como implicado por la renovación de una licencia concedida en un mandato en el que no era edil.

Están totalmente justificados

Valerio, quien es coordinador comarcal del PSOE, ha mantenido sobre esta cuestión, la más polémica que se investiga del mandato de su antecesor, que firmó tres de esos documentos por un valor estimado de 18.000 euros y que están totalmente justificados, con facturas y recibos, y a disposición del juzgado. Asegura que el tesorero, en esta función sólo debe validarla disposición de fondos, sin más. La defensa de Moya avala como gastos de representación esas emisiones. El juez dice que esta pieza se dirige, además, contra Moya, el secretario-interventor Antonio Saseta, y el funcionario François Bailén.