Vecinos se oponen a pagar el precio que decida el Consistorio por legalizar sus viviendas

La Asociación Europea de Consumidores y Usuarios (AECU), con sede en Torrevieja, ha comenzando a reunirse con propietarios de viviendas ilegales de Orihuela, muchas de ellas en urbanizaciones, para llevar ante el Ayuntamiento una postura unánime sobre lo que cree ellos que, realmente, les corresponde pagar por la legalización, según explicó su responsable, Honorio Fernández, quien aseguró que cientos de extranjeros adquirieron sus casas de buena fe, fueron engañados porque no recibieron los servicios básicos que esperaban y creen que ahora el Ayuntamiento de Orihuela no puede obligarles a sufragar las deficiencias de servicios que padecen y que, en un principio, correspondería por lógica a los promotores.

Según AECU, entre un 5% y un 15% de viviendas construida en municipios de la Vega Baja está en suelo ilegal, "tales carencias -asegura Fernández- les impide tener cédula de habitabilidad". La mayoría de propietarios son ciudadanos extranjeros, con un escaso conocimiento de la legislación española, que se sienten engañados por los promotores y constructores que les vendieron sus viviendas. Ahora se alegran de que un nuevo Ayuntamiento en Orihuela quiera resolver el problema de las 8.000 casas ilegales que hay, pero no a cualquier precio. Por este motivo han comenzado a convocar reuniones de afectados para una puesta en común entre personas que llevan años intentando resolver esta situación. Los vecinos, dicen, están dispuestos a pagar los impuestos normales, "pero sería injusto cobrares otra vez lo que pueden haber acreditado a través del pago que hicieron al promotor y que éste o no realizó o no abonó al Ayuntamiento" por lo que consideran que fue una dejación de funciones de la administración.

Criterio

"El criterio debe ser: primero hacer pagar a los culpables (promotor y Ayuntamiento); y segundo, negociar la cuantía de contribución voluntaria adicional". Los afectados también aprovecharán estas reuniones para plantear al Ayuntamiento toda una retahíla de deficiencias que presentan en las urbanizaciones que compraron.