La juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Cieza (Murcia) ha aclarado en un auto que no puede adoptar la medida de cese inmediato de la actividad de vertido en la planta de tratamiento de basuras de Abanilla-La Murada porque el gobierno de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia, ya ha actuado en este sentido. La magistrada responde así en un auto a Ecologistas en Acción de Murcia que pidieron al juzgado que actuara contra el vertedero del empresario Ángel Fenoll al tiempo que denunciaban supuestas irregularidades en el vertedero por la vía administrativa. La juez Maria Dolores Sánchez aporta dos argumentos para avalar su decisión. En primer lugar explica que en estos momentos el asunto de las irregularidades en el vertedero está en fase de instrucción. Una fase del procedimiento que tiene como finalidad el esclarecimiento de los hechos y de la participación de los autores en los mismos "sin que se pueda convertir dicha fase en una anticipación de una posible condena penal". Por este motivo se han solicitado informes a la Consejería de Medio Ambiente de Murcia y se ha llevado a cabo "la declaración de personas supuestamente implicadas (...). Actuaciones que todavía no han finalizado y que por tanto no se cuenta con todo el conocimiento imprescindible para la adopción de la medida interesada" (el cierre de toda la instalación).
La juez, en segundo lugar, admite que se han constatado irregularidades administrativas en el funcionamiento de la mercantil y "precisamente en base a ello" se ha acordado por parte de la dirección general de Medio Ambiente la suspensión de la actividad del vertedero de residuos sólidos en el paraje de la Solana de la Sierra de Abanilla -el terreno que ocupa la planta desde hace más de dos décadas-. Una resolución que es ejecutiva en vía administrativa y por lo tanto de cumplimiento forzoso en el caso de quedar firme.
Acatar
Este auto judicial se ha producido cuando efectivamente la empresa ha acatado la orden del gobierno de Murcia, que es lo que pedía el grupo ecologista, pero al tiempo clarifica que, de momento, no será el juzgado el que ordene el cierre de la planta. El recinto ha recibido, al mismo tiempo, durante este año, visitas de agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil enviados por orden la juez y de funcionarios de la Región de Murcia, remitidos por la Consejería de Presidencia, para comprobar in situ esas deficiencias. Son las inspecciones de los funcionarios las que han derivado en el cierre cautelar del único vaso de vertido autorizado con el que cuenta la planta, el número 3. Proambiente sigue recibiendo a diario toda la basura de casi una veintena de municipios de Alicante y cuatro de Murcia. Trata estos residuos, que generan compost agrícola y combustible para las cementeras. La que no puede reciclar la envía a un vertedero de Cartagena -en torno al 10% del total de las 400 toneladas que recibe, según aseguran fuentes de la empresa-.
Esas inspecciones mantienen que además de haber colmatado el vaso número 3 por encima de su capacidad autorizada se han hallado toneladas de basura en otros vasos todavía no abiertos (el 4 y el 5) y en los sellados (el 1 y el 2).
El juzgado une la
causa de la planta a la Operación Subterráneo
El juzgado de Cieza que investiga a la denuncia de Ecologistas en Acción es el que instruye con anterioridad otra pieza por enterramiento ilegal de basuras en las cercanías de la planta de Proambiente, bautizada por la policía como Operación Subterráneo. De hecho la juez ha acumulado ambos asuntos en la misma causa. Así la investigación abierta por las supuestas irregularidades en el interior del recinto se añade al sumario toda la documentación policial sobre los enterramientos ilegales de basura en suelo agrícola cercano a la planta en el que están imputados tanto personal vinculado a Proambiente como un conocido agricultor de La Murada. De hecho, la juez acaba de rechazar el sobreseimiento provisional de la imputación que pesa sobre dos de los implicados y llama a declarar a otros dos.
