Bigastro era un ejemplo durante casi toda la década de los 2000 como pequeña población con fama de dar buenos servicios a sus vecinos y no haber desarrollado un urbanismo excesivamente caótico. Se había convertido en el mejor barrio residencial de Orihuela. Casas unifamiliares con jardín jalonan su principal arteria. Un municipio de 6.500 vecinos y poco más de 5 kilómetros cuadrados de término que se permitía el lujo de ceder a sus vecinos tahúllas de huerta tradicional para hacer sus pinitos en agricultura ecológica. Escuela infantil más que accesible, piscina climatizada, un auditorio municipal que para sí quisieran otros municipios con el doble de población, un aparcamiento público de varias plantas, y proyectos para una especie de mini resort en el único palmo libre de chalés del término, el suelo protegido de La Pedrera. Y junto a ese terreno, además, se iba a levantar un huerto solar.

Recreándose en su propio ejemplo el Ayuntamiento socialista de Bigastro, gobernado durante décadas y hasta noviembre de 2008 por José Joaquín Moya, llegó a gastarse miles de euros en un foro sobre la ciudad sostenible, el Città Slow, el modelo que propugna, a través de la vuelta a las raíces y la tecnología, un estilo de vida más humano, tranquilo y pausado. Pero en el boom todo iba más rápido, se compraba y se vendía lo que no se tenía -los suelos municipales correspondientes a, al menos, tres planes urbanísticos que no están aprobados- y la contabilidad municipal se llevaba en el bolsillo del pantalón.

El actual equipo de gobierno carga las tintas en la gestión de Raúl Valerio Medina y menos en la de Moya, que tuvo que dimitir al ser detenido en octubre de 2008 por supuesta corrupción en la gestión municipal. Valerio Medina fue edil de Hacienda y Tesorero a las órdenes de Moya primero entre 2007 y noviembre 2008 y después alcalde hasta julio de este año. "El despilfarro y la desidia vienen más desde 2007, que de las anteriores", asegura el edil Aurelio Murcia.

Ahora son los bancos los que han ejecutado las primeros embargos y lo hacen sobre esas mismas tahúllas de terreno del patrimonio municipal que sirvieron en su día para llenar los espacios de ocio de los vecinos, y que además, en muchos casos, están en término municipal de Orihuela. Murcia explica que técnicamente el Ayuntamiento no puede ir a la quiebra porque no es una empresa que dé beneficios. Lo que sí puede ocurrir es que el Tribunal de Cuentas o el juzgado envíe un administrador de las cuentas municipales.