El concejal de Medio Ambiente de Orihuela, Manuel Culiáñez (Los Verdes), confirmó ayer que el Ayuntamiento ya ha solicitado personarse en el proceso que investiga los enterramientos ilegales de basura de procedencia hasta ahora desconocida en terrenos agrícolas de la pedanía oriolana de La Murada, una de las piezas separadas del "Caso Brugal" (que también trata de aclarar si hubo amaño en la adjudicación del concurso de la recogida de basura del municipio o en el Plan Zonal). El consistorio tendrá que esperar ahora a que el juez decida si le permite ser parte del procedimiento como acusación.

Los argumentos esgrimidos por los asesores legales del Ayuntamiento son, a grandes rasgos, que aunque el vertedero de "Proambiente" (del que se sospecha que provienen los residuos, propiedad de Ángel Fenoll, de quien a su vez la investigación cree que maneja la UTE que se adjudicó las basuras) está en término municipal de Abanilla (Murcia), todos los enterramientos se han detectado en fincas particulares de La Murada, de Orihuela. No solo eso, sino que fue el área municipal de Medio Ambiente la que dio el primer aviso alertando de que se habían detectado a simple vista toneladas y toneladas de basuras trituradas y enterradas (todo el asunto le llegó al Ayuntamiento por parte de asociaciones vecinales de la pedanía).

Culiáñez concretó que "argumentamos que en octubre 2011 la Concejalía formuló denuncia ante la Fiscalía por posibles enterramientos en fincas aledañas a vertedero proambiente, destacamos que el vertedero está en Abanilla -aunque algunos de los vasos invaden el término municipal de Orihuela-; pero que los enterramientos ilegales están todos en el Orihuela, vertidos sí que son directamente en fincas de La Murada aunque procedan supuestamente de una instalación que está en otro municipio".

En este sentido, no solo la basura está físicamente en Orihuela, sino que también allí aflorarán sus consecuencias: "Los lixiviados pueden pasar a los cítricos que se cultivan en las fincas donde está la basura y las "escorrentías" de agua en caso de lluvia los llevarían a fincas adyacentes, además de que pueden contaminar acuíferos y aguas subterráneas", repasó el concejal.

"Hasta el minuto noventa"

Culiáñez adelantó que "nosotros vamos a perseguir este posible delito contra el medio ambiente hasta el minuto 90, hasta el final, porque nos parece gravísimo que presuntamente se pueda poner en peligro la salud de las personas y el medio ambiente". Añadió que el asunto "tiene unas connotaciones evidentes para la agricultura: Existe riesgo de que los cítricos de agricultores oriolanos se contaminen directamente ya sea por estar plantados de tapadera sobre estos vertidos o porque las "escorrentías" de lluvias que bajan por toda la montaña pasen por el vertido y lleguen a otras explotaciones agrarias". Por ello, el edil resumió que el enterramiento descontrolado de residuos que proceden, al parecer, de centros sanitarios y también incluyen piezas electrónicas, afectará al medio ambiente, a la salud de las personas por la posible contaminación del agua y a la producción hortofrutícola.

Culiáñez, lamentó que las anteriores corporaciones "han dejado hacer y han dejado pasar; es muy grave lo que ha estado pasando los últimos años en La Murada, y si a nosotros nos ha dado tiempo (a denunciarlo) en tres meses, ¿dónde ha estado el PP y sus concejales de La Murada que no han sido capaces de ver esto?".