El Ayuntamiento de Catral ingresará cerca de 1,5 millones de euros tras cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los últimos cuatro años a cerca de mil propietarios de casas construidas en suelo rústico municipal sin las pertinentes licencias. Su pretensión pasa por regularizar estas construcciones mediante un plan de minimización que ponga orden al despropósito urbanístico ocurrido en la última década en la localidad.

En total son 1.272 propiedades construidas sobre terreno no urbanizable las que serán objeto de este plan que cocina ya el equipo de gobierno liderado por Aurelio David Albero (PP) con los parabienes de la Conselleria de Urbanismo. Fue precisamente la Generalitat el organismo que retiró en 2006 las competencias urbanísticas al Ayuntamiento. Entonces señaló que la situación irregular en la que se encontraban las viviendas había supuesto que el Consistorio hubiera dejado de ingresar al menos 80 millones de euros, pues la mayoría de los propietarios no pagaba impuestos y sólo cerca de 300 había abonado la multa por tener una casa en terreno no permitido.

Cobro de tasas

El IBI de los últimos cuatro años se va a reclamar ahora a, al menos, mil propiedades. El recibo a pagar variará en función de la extensión de los terrenos, de entre 2.000 y 9.000 metros, y la superficie construida. Las cantidades para cada anualidad oscilan entre los 300 y los 500 euros.

El asesor jurídico contratado por el Ayuntamiento para desarrollar el plan que acabe con el desorden urbanístico, Rafael Martínez, señaló que no es posible exigir ahora el pago de las multas por construcción ilegal a la mayoría de propietarios debido a que las infracciones han prescrito.

Plan de minimización

El plan de minimización que se está diseñando persigue la regularización de las 1.272 casas construidas al libre albedrío en los últimos años por particulares y promotoras inmobiliarias que pusieron a la venta urbanizaciones enteras, muchas de ellas a británicos, belgas, alemanes u holandeses, que ahora reclaman los mismos servicios de los que disfrutan los vecinos del centro urbano.

EL plan consiste en diseñar 10 núcleos urbanísticos, al margen del PGOU, para dotar a sus residentes de infraestructuras como la mejora de la red eléctrica, la adecuación de caminos o la construcción de redes ecológicas para la depuración de aguas ante la imposibilidad de construir una gran red de alcantarillado. Las obras tendrán que pagarlas los propietarios, si bien todavía no se sabe a cuánto ascenderán las cantidades a abonar por vecino.

El alcalde recordó que esta situación se produjo con el anterior equipo de gobierno socialista y alegó que son muchas las familias que habitan estas zonas a las que hay que darle una solución. Con la regularización de las casas llegará también más dinero a las arcas municipales.

La oposición tiene la última palabra al plan de minimización

El regidor de Catral admitió ayer que la aprobación de este plan dependerá del apoyo que reciba de los tres partidos que conforman la oposición y que suman 7 concejales frente a los 6 del grupo popular. Aun así, Albero se mostró convencido en que "por responsabilidad" apoyarán esta medida. Será a finales de mes cuando se concreten más detalles acerca del mismo tras una reunión prevista con el jefe de servicios jurídicos de la Conselleria de Urbanismo, Hermenegildo Forque. Después se trasladarán los acuerdos a la oposición. M.a.R.