El Ayuntamiento de Redován ha solicitado multa de casi 41 millones de euros a los presuntos responsables de la manipulación de la oferta con la que concursó la empresa ganadora del contrato de gestión del agua potable y alcantarillado en 2010, que según señala son el exconcejal de Servicios Municipales, José Manuel Cartagena, y el gerente de una de las mercantiles de la UTE que quedó segunda en el proceso de adjudicación, Antonio García Casas. En el escrito de acusación el Ayuntamiento pide la pena de 5 meses de prisión y 5 meses de multa por el delito de falsedad para Casas, así como 6 meses de prisión y multa de 20.481.000 euros por tráfico de influencias. Estima que dicha cantidad es la que hubiera obtenido como beneficio en caso de hacerse con la contrata.
Para el exedil ha pedido 6 meses de prisión y multa de 20.481.000 euros por supuesto delito de tráfico de influencias. También ha solicitado que la UTE indemnice al Ayuntamiento con 223.204 euros por el perjuicio causado al consistorio.
La investigación del caso "cambiazo" se inició en julio de 2010 tras una denuncia de la entonces alcaldesa, la socialista Leticia Bas, tras detectarse una manipulación en la plica del contrato por 35 años. Al parecer, alguien falsificó los documentos y varió el precio, de 3,3 millones de euros (que recibiría el Ayuntamiento) a 300.000 euros, de la empresa que logró la adjudicación, la mercantil Facsa.
Adjudicataria
Al concurso se presentaron sólo dos empresas: Facsa y la UTE Acciona-Bluesa. Días después ésta segunda recurrió el concurso y solicitó conocer el proyecto de la adjudicataria. En ese trámite, un técnico detectó la manipulación del documento. Por su parte, la UTE Acciona-Bluesa había presentado una plica cuya oferta económica era de dos millones de euros, es decir, inferior a los 3,3 por los que se adjudicó a Facsa, pero muy superior a los 300.000 euros que aparecían en el documento manipulado. En su escrito, el consistorio ha solicitado que se interrogue a los dos acusados y que se llame a testificar a la interventora y el técnico del Ayuntamiento, a la exalcaldesa y a dos representantes de las mercantiles Acciona y Facsa.
Al Taibilla hace 2 años que no se le paga y reclama 1,1 millones
Redován adeuda 1.178.000 euros al Taibilla porque desde hace más de dos años no se han abonado las facturas. Dicho impago ha motivado que el Ministerio de Hacienda mantenga embargados el 50% de los fondos que transfiere mensualmente al consistorio, que quedan en cerca de 55.000 euros. El equipo de gobierno quiere poner orden al desgobierno que, a su juicio, reina en las arcas municipales y ha elaborado un plan de pago a proveedores aprovechando la posibilidad que ofrece el Gobierno. Son 211 proveedores los que podrían beneficiarse de esta medida, unas facturas pendientes de pago que ascienden a 3.670.000 euros. Pero la deuda no acaba ahí. Existen más recibos sin abonar por valor de 2.452.335 euros, entre ellos los del Taibilla, los que se deben a la entidad de saneamiento de aguas EPSAR, que ascienden 322.000 euros o una póliza de crédito de 931.000 euros.
El concejal de Hacienda, Adrián Ballester, señaló que la opción de saldar parte de esa deuda con el plan de Madrid pasa inevitablemente por la presentación de un plan de ajuste que garantice que la entidad será solvente para devolver el préstamo. Entre las medidas se encuentra la subida del IBI urbano en dos puntos, que pasaría del 0,6 al 0,8, y que permitiría recaudar en 2013 450.000 euros adicionales, o el aumento del mismo impuesto en propiedades rústicas, que pasará del 0,3 al 0,68. Otra de las medidas es la rebaja de un 20% de los servicios que presta la empresa de basuras, que permitiría ahorrar 133.00 euros anuales. Pero quizá, una de las disposiciones que más llama la atención es la subida del agua en un 17%, un aumento que en realidad fue aprobado por el anterior gobierno socialista en 2009 pero que no entraría en vigor hasta este año.
Por otro lado, la entidad local tiene pendientes de cobro más de 148.00 euros de deudas de recibos de aguas impagados por los munícipes y la Generalitat le adeuda casi 587.000 euros, cantidad esta última con la que se pretende llegar a un acuerdo para que el gobierno valenciano se cobre de ahí la deuda que mantienen con EPSAR.
