La secretaria Pilar Vellisca Matamoros, la trabajadora de mayor rango en el Ayuntamiento, ha acusado en un informe al también funcionario y arquitecto Víctor Costa de elaborar -a petición del alcalde Eduardo Dolón (PP)- un documento con el objetivo, asegura, de ser "prueba preconstituida para eximir de responsabilidad a las personas que adjudicaron el contrato de recogida de residuos sólidos en 2004", procedimiento que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) investiga y en el que está imputado el exalcalde, presidente del PP local y diputado autonómico Pedro Hernández Mateo, quien adjudicó la contrata, junto a los miembros de la junta de gobierno, con tres informes en contra de los técnicos.
Este informe del arquitecto ha servido a Eduardo Dolón para evitar, de momento, que el Ayuntamiento se personara en la causa al indicar en muchas de sus conclusiones que la empresa no es responsable de los posibles perjuicios económicos ocasionados por la inexistencia de una planta de transferencia de basura, entre otros aspectos.
La secretaria, en un escrito fechado el pasado miércoles, se ratifica en la propuesta que hizo el 18 de agosto de 2011 en la que indicaba que el Ayuntamiento "debería" personarse en las diligencias previas que se siguen en el TSJCV y explica que este arquitecto no tiene competencia profesional para emitir una resolución de carácter jurídico, que es la que le pide Dolón. Además señala que el técnico ha realizado un trabajo con "incorrecciones en lo expuesto, que devienen en presuntas falsedades, que se pueden comprobar con una somera lectura de los expedientes del Ayuntamiento (...) se falta a la verdad, y se dice lo mismo y lo contrario", sobre algunos asuntos. Además, el técnico fiscaliza "a posteriori del asesoramiento legal, tratando de desvirtuarlo, no teniendo competencia alguna para ello".
Pilar Vellisca añade que el técnico "intenta bascular la responsabilidad a los funcionarios que informaron conforme a los pliegos y en consonancia con la ley" al rechazar la adjudicación a Acciona en 2004. La secretaria analiza de forma pormenorizada cada uno de los epígrafes de la exposición del arquitecto. Uno de los puntos en los que más se extiende es el que viene a decir que la contratista, Acciona al plantear sus instalaciones "en una zona protegida por las normas de los Humedales del Sur tiene derecho a que la administración las haga aptas urbanísticamente. Con esa aseveración, por dimanar de un arquitecto municipal, conocedor de las más elementales normas urbanísticas, está, presuntamente en el área del derecho penal", añade la fedataria pública.
La secretaria argumenta que ha elaborado su escrito, que se expuso en junta de gobierno el jueves, para evitar cualquier tipo de responsabilidad profesional y "formar" la voluntad del órgano de gobierno que, sin embargo, adoptó la decisión de pedir un informe al Consejo Jurídico Consultivo y asegura que se ha intentado "hurtar la función de asesoramiento legal preceptivo que me corresponde".
Cambio de criterio
El informe del arquitecto contradice incluso a uno que él mismo realizó el 26 de enero en el que reconoce un perjuicio económico de más de tres millones por la contrata de Acciona e incluso indica que la empresa incumple el pliego, lo que sería causa de recisión. El escrito ha sido usado por el primer edil para esgrimir "contradicciones" entre los técnicos, decidir que el Ayuntamiento no se persone, solicitar el asesoramiento del Consejo Jurídico y desoír a la secretaria.
Un documento fechado sin terminar
El 13 de marzo el alcalde solicitó el informe al arquitecto en el que pide que "aclare" otro anterior, de 26 de enero, sobre la contrata de basura y en el que le plantea cinco cuestiones. El primer edil lo recibió el 23 de marzo. Sin embargo, el funcionario todavía estaba solicitando documentación para elaborarlo el día 28 de ese mes y el área de secretaría estaba remitiendo la documentación que le solicitaban el 30. "Queda demostrado que tales documentos no los necesita", dice la secretaria sobre el arquitecto "si acaso más que para dilatar en el tiempo la entrega del informe" que finalmente llegó a la secretaria un mes más tarde, el 24 de abril.
