Conselleria se desentiende de las quejas por el vertedero

Como si los olores de un vertedero respetaran fronteras y lindes, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana se ha desentendido de las quejas de los vecinos de La Murada (Orihuela) por sus sospechas de que el vertedero de Proambiente pueda estar causándoles problemas de salud. El titular de este órgano, Vicente Tejedo, ha notificado en una carta firmada el 31 de mayo a la plataforma ciudadana Vertivega que la planta de eliminación de residuos está en término de Abanilla y por lo tanto en la Región de Murcia, por lo que se limita a acusar el recibo de sus quejas y a comprometerse a remitirlas a su homólogo en la comunidad vecina.

Los vecinos de La Murada sostienen desde hace años que los olores que permanentemente llegan al pueblo son insoportables, que les despiertan por la noche, les provocan náuseas y dolores de cabeza... Incluso que creen que esos gases podrían estar detrás de algunas enfermedades. Se lo han dicho así públicamente a políticos de uno y otro signo. Sin embargo, la Conselleria les contesta a su petición de que se elabore o encargue un informe evaluando los perjuicios para la salud de ese aire diciéndoles que se lo comunicará al consejero de Agricultura de Murcia y a la Dirección General de Evaluación Ambiental para que lo haga la región vecina.

La denuncia tramitada por Vertivega ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente venía avalada por 500 firmas denunciando los olores y exigiendo un estudio de salud pública.

Pasividad

Por otra parte, el grupo de Izquierda Unida (IU) en las Cortes Valencianas ha registrado una pregunta dirigida a la consellera de Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, para preguntar por qué este organismo no hizo nada para investigar los enterramientos ilegales de basura si ya en 1994 la asociación Mur'92 denunció las supuestas irregularidades. El diputado autonómico de la formación, Lluís Torró, anunció que formulará dicha pregunta después de que la consellera le afirmara que el organismo que dirige que "había actuado en el mismo momento en que había tenido conocimiento del problema a finales de 2011". Para Torró esto es una falsedad y prueba de ellos son las cinco denuncias presentadas entre 1994 y 2007 por varios asociaciones en las que se alertaba de la mala praxis en el tratamiento de los residuos. Desde IU quieren así denunciar que el Consell ha permanecido "de brazos cruzados permitiendo que se produjera el mayor delito ecológico y el mayor atentado contra la salud de las personas conocido en los últimos años en Orihuela".