Una juez de Cieza acuerda el cierre cautelar del vertedero Proambiente

Un juzgado de Instrucción de Cieza ha decretado el cierre cautelar de los vasos de vertido de Proambiente en Abanilla- La Murada, según han confirmado esta mañana fuentes jurídicas personadas en el procedimiento. La orden ha sido notificada ahora a las partes personadas en esta investigación de las irregularidades en la gestión del recinto. En teoría no tiene efectos prácticos sobre el funcionamiento de la planta que tiene clausurados los mismos recintos de vertido desde hace nueve meses aunque a través de un expediente administrativo del gobierno autonómico murciano. Es decir, la empresa de Ángel Fenoll, que da servicio a 18 municipios de la comarca , seguirá recibiendo la basura como hasta la fecha y funcionando sobre el terreno como una planta de transferencia, aunque se plantea elevar los precios de tratamiento, al tener que trasladar los rechazos de los residuos que no puede enterrar en su vertedero a otro de Cartagena. Ahora cobra entre 10 y 28 euros por tonelada de residuos que trata.

Fuentes de la empresa tampoco descartan, ante la presión vecinal, judicial y política, dejar la actividad de forma definitiva, prescindir de sus 200 trabajadores y que los municipios pacten nuevos acuerdos con otros centros de tratamiento en el resto de la provincia con un coste aproximado de 50 euros por tonelada. La plataforma Vertivega, que tiene un campamento instalado a las puertas de la planta para exigir el cierre definitivo, anticipó en su última concentración que esta medida podía producirse y la ha confirmado esta mañana. La Fiscalía pidió hace unos meses el cierre cautelar. La jueza lo rechazó porque existía un procedimiento administrativo en marcha pero ha aceptado una nueva petición a raíz de una operación policial en la que se comprobó que le vertedero se había saltado supuestamente el decreto de cierre administrativo.