"Continuidad delictiva". Ese es el concepto más reiterado por la magistrada del juzgado de Instrucción 4 de Cieza a la hora de hilvanar el auto judicial en el que ordena el cierre cautelar de los vasos de vertido de la planta de residuos de Proambiente en Abanilla-La Murada. La empresa tiene prohibido enterrar basura en todo el recinto desde hace 9 meses, por decisión de la Consejería de Medio Ambiente de Murcia. Al cierre por la vía administrativa se le suma ahora una decisión penal, más contundente, que deja el negocio del polémico empresario Ángel Fenoll en una situación difícil de remontar.

La togada no se achanta con la administración y pone a los pies de los caballos los informes de los funcionarios, avalados por el consejero Manuel Campos que afirmaban que durante todo este tiempo se había cumplido su orden de clausura. El proceso de tratamiento y reciclaje de la basura, el que genera más empleo, queda a salvo de la medida.

Bolsas de contenedor

La Guardia Civil descubrió en la madrugada del 28 al 29 de junio una zanja de 15 metros de largo, por cuatro de profundidad y cinco de anchura en la zona de vertido protegida como Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Sierra de Abanilla, donde se enterraron toneladas de residuos sin tratar -estaba en las mismas bolsas que los vecinos arrojan al contenedor, matiza la juez-. Algo que, añade, desvirtúa la actas de inspección administrativa y constata "la presunta continuidad delictiva" en el interior del recinto. A la juez no le vale la explicación que la empresa dio a este episodio, en el sentido de que acumuló la basura porque no disponía de espacio físico para tratarla. "De ser cierto no lo habrían hecho en horas intempestivas y sin previo aviso de la conocimiento de la autoridad competente", subraya el auto.

La juez aclara ahora que no adoptó esta misma medida cautelar exigida por Ecologistas en Acción y el Ministerio Fiscal en su día porque en las actas de inspección remitidas por funcionarios "dado del órgano de donde provenía se consideraba información totalmente imparcial y objetiva".

El juzgado apunta a la posibilidad de levantar la medida cautelar en el caso del famoso vaso 3 "si se acreditan cumplidamente por la empresa las medidas que ya se le exigían por parte de la dirección General de Medio Ambiente como la creación de áreas de cortafuegos en incendios, análisis de aguas, vigilancia del perímetro del vertedero y prohibición de construcción de pistas de acceso dentro del LIC".

A esa parte de la resolución se agarra como un clavo ardiendo Proambiente para recurrir la medida en la Audiencia Provincial de Murcia en un procedimiento que puede prolongarse meses, mientras continúa funcionando sobre el terreno, dicen, como planta de trasferencia y recibir basura de 18 municipios. Por su parte, el representante legal de Vertivega, el colectivo que exige el cierre definitivo, explicó que la juez puede mantener las medidas cautelares incluso hasta la celebración del juicio.

LAS CLAVES

FUTURO DE LA PLANTA

¿QUÉ VA A HACER LA EMPRESA AHORA?

La empresa asegura que ha estado reciclando la basura sin aumentar los precios por tonelada durante 9 meses a la espera de que se reabriera el vaso 3 y ahora se plantea elevarlos a los 18 municipios a los que presta servicio para compensar, asegura, el transporte del rechazo que no puede enterrar.

EXCEPCIÓN DEL AUTO

SIN TOCAR LA NAVES DE VALORIZACIÓN

La jueza hace una excepción en la orden de cierre «salvando» la zona de reciclaje de basura, incluso con mención expresa a las puestos de trabajo que genera.