El proceso sobre el futuro de Cala Mosca comienza a dilucidarse esta mañana en la Unión Europea (UE) sin todos los documentos que se han solicitado a España y con el riesgo de que, en el caso de que prospere la iniciativa contra el proyecto, el Ayuntamiento de Orihuela que lo aprobó tenga que hacer frente a una millonaria indemnización. El asunto ha terminado en Bruselas después de que en mayo de 2010 alrededor de 7.000 vecinos de Orihuela Costa presentaran ante la UE una denuncia contra este plan urbanístico, que comprendía la construcción de 1.500 en el último rincón virgen de su costa, en una playa casi idílica, de aguas transparentes, que no quieren que cambien. Tres años antes, sin necesidad de un informe de impacto ambiental porque no era preceptivo se había dado luz verde a un proyecto al que sólo ha conseguido parar la crisis económica.
Negar la evidencia de que el urbanismo en la costa de este municipio ha sido en muchos aspectos un desastre, principalmente, por la falta de infraestructuras básicas, no hace más que apoyar la tesis de los ciudadanos que están en contra del proyecto de que la construcción, en cualquier punto, debe ser sostenible y más cuando en el litoral oriolano se dan cita 10.000 viviendas.
Ayer, Bob Houliston (concejal no adscrito tras su expulsión de CLr-Claro) paseaba por Bruselas, una ciudad que conoce porque ha trabajado y vivido allí durante 30 años. Esperaba su comparecencia en la Comisión de Peticiones de la UE donde hoy está previsto ver la denuncia que en su día él encabezó contra la política urbanística del Partido Popular (PP) -con el plácet de la Generalitat - y con el que al cabo de dos años ha terminando firmando un pacto para lo que resta de legislatura en el que se afirma que Cala Mosca se salvará.
El concejal aseguraba a este periódico que al cabo de dos años no entiende cómo no están aún sobre la mesa todos los informes urbanísticos que Bruselas reclamó tanto al Gobierno como a la Generalitat. "¿Decepcionante?, no sé. Esto es sólo el principio de nuestra lucha contra el proyecto. Me consta que han solicitado (desde la Comisión de Peticiones) información suplementaria que aún no han recibido. No sé el motivo", explicaba.
Estudio
En el caso de que el Ayuntamiento adopte la decisión de suspender la urbanización la empresa podría exigir una indemnización que algunas fuentes cifran en 60 millones de euros. La postura actual del equipo de gobierno en Orihuela sobre este asunto hace referencia al hecho de que no se exigiera un estudio de impacto ambiental para autorizar el plan, y lo cierto es que en el momento en el que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) la legislación no lo exigía.
Ese documento urbanístico no protegió la zona que contempla como urbanizable pese a que los suelos y la primera línea de costa cuentan con valores ambientales de relevancia y es uno de los paisajes más espectaculares del sur de la provincia por lo que el Ayuntamiento sí estaría pidiendo ahora la aplicación de ley urbanística valenciana y con carácter retroactivo. Cala La Mosca es un reducto de litoral libre de edificaciones al norte del término municipal.
Según diversas fuentes, desde el punto de vista urbanístico existe siempre la posibilidad de que se pudiera exigir limitaciones al número de viviendas construidas y compensaciones por el impacto ambiental.
José Manuel Medina era el alcalde y Mónica Lorente concejala
Todos los concejales del entonces equipo de gobierno del PP en febrero de 2007, liderado por José Manuel Medina e incluida la que luego sería alcaldesa Mónica Lorente, votaron a favor de la autorización. Urbanismo sostuvo entonces que el proyecto formaba parte de una unidad de ejecución que no exigía evaluación de impacto ambiental porque está enmarcada en un plan parcial aprobado en 1995 y éste estaba contemplado a su vez en el Plan General de Orihuela de 1990. Aún y así se preservaron los primeros metros de costa por los que discurre una cañada. Ante el rechazo social que crecía contra la actuación, Grupo Gomendio, urbanizador de la zona, se apresuró a comenzar las obras. En poco más de año y medio y en plena crisis inmobiliaria se realizó el trazado de los viales y se dispusieron los servicios básicos sobre 450.000 metros cuadrados que ocupa el plan en la única zona litoral virgen de edificaciones en Orihuela que queda en este área del sur de la provincia. La urbanizadora se garantizaba así sus derechos sobre el plan aprobado.En los terrenos no se ha levantado ni una sola vivienda pero están completamente urbanizados.
