La jueza Juana López sobreseyó ayer la imputación contra la secretaria del Ayuntamiento de Torrevieja, Pilar Vellisca, en la investigación sobre las licencias irregulares otorgadas a la planta de transferencia de basuras. Dictó el auto de sobreseimiento justo después de escuchar la declaración de la funcionaria de máximo rango. El juzgado de Torrevieja mantiene la imputación al concejal de Urbanismo, Francisco Moreno.

La investigación se centra en una denuncia presentada por el PSOE en la que se dice que la planta de transferencia recibió una licencia ambiental y de obras en noviembre de 2010 con siete informes de los técnicos municipales en contra y uno externo favorable realizado por una abogada urbanista que trabajaba para la empresa solicitante de la licencia -Acciona-, que fue incorporado en último lugar al expediente y del cual se desconoce cómo se incluyó y quién lo contrató.

En su declaración Vellisca quiso dejar claras un par de cuestiones: que en 2009, cuando tenía competencias para hacerlo, dictó un informe en contra de autorizar las licencias de la planta de transferencia porque el terreno en el que funcionaba esta instalación desde 2005 no era el que la empresa presentó en su oferta para adjudicarse la recogida de basura. Una de las condiciones necesarias para que una actividad no necesite declaración de interés comunitario es que el suelo donde se realice esté ligado a un servicio público. Y éste no era el caso. De este informe de la secretaria no había tenido constancia el juzgado hasta la fecha, al traspapelarse los folios, según el Ayuntamiento.

Autorizó

Vellisca subrayó, en segundo lugar, que cuando el concejal de Urbanismo autorizó en 2010 la licencia ambiental y de obras a la planta de transferencia de residuos ella no tenía competencias para dictaminar jurídicamente la oportunidad de la concesión. El responsable de cada departamento municipal pasaba a asumir entonces la de cada área y, en este caso, es el jefe de Urbanismo, Santiago Romero, el responsable de haber elevado este expediente -según la funcionaria- junto al concejal Francisco Moreno, imputado en la causa. Vellisca aludió también a un tercero, el también funcionario Víctor Mazón, quien firmó tres informes asegurando que la planta estaba conectada al servicio público de recogida de basura, lo que serviría para avalar su autorización. "Algo que es incierto", según Vellisca, porque la finca utilizada como planta de transferencia no es la que la empresa ofreció en la plica que presentó a concurso. "La única intervención que tengo en el expediente es la de dar fe pública, nunca el asesoramiento jurídico en el momento de producirse la resolución", aclaró.

Los puntos y las comas

Sobre el concejal Francisco Moreno indicó que, pese a existir una resolución en contra -avalada por siete informes distintos según ha podido recabar este medio-, éste dijo que estaba esperando un informe externo para fundamentar su resolución sobre las licencias. "Cuando le pregunté al jefe del servicio el motivo de la existencia del informe externo en el expediente, su respuesta fue que el concejal lo precisaba para motivar la resolución (de dar o no las licencias). Desconozco por qué el señor Romero lo incorpora al expediente y quién lo contrata, solo sé que obra en el expediente", declaró la funcionaria.

La fedataria municipal testificó durante una hora en el juzgado de Instrucción 2 y luego, durante casi media hora más, matizó a la funcionaria judicial que había transcrito su declaración hasta los puntos y las comas para concretar hasta el mínimo su declaración.

Clausurada

El procedimiento investiga un asunto que ya no tiene trascendencia sobre el terreno porque después de la denuncia del PSOE, el mismo concejal Francisco Moreno, decretó por caducidad el cierre de la instalación de la finca Casa Grande de la carretera de La Marquesa a la que él mismo había otorgado licencia dos años antes.