El alcalde Eduardo Dolón (PP) sostuvo un tenso debate con la secretaria municipal Pilar Vellisca el 6 de noviembre en un pleno. Aquella sesión extraordinaria fue convocada por la funcionaria, a petición de los tres grupos de la oposición con el mismo orden del día que otro planteado un día antes, también a instancias de la oposición, pero por el alcalde y con el mismo orden del día. Ambos abordaron la fiscalización sobre el polémico uso indebido de los móviles municipales por parte de ediles y asesores del PP.

En aquella sesión Dolón anunció medidas judiciales por la decisión de la funcionaria y llegó a preguntarle en ese momento cuál era el objetivo de la convocatoria, porque se iba a proceder a votar dos actos idénticos. La fedataria, sentada a su lado en el pleno, lo defendía como legal en un tenso intercambio de opiniones. La funcionaria, de hecho, ya anticipó que una de las dos sesiones se declararía nula. La discusión se situaba en si para convocar un pleno extraordinario eran necesaria siete firmas o seis. La oposición las presentó para ambos casos. Para la secretaria un cuarto de las firmas necesarias para celebrar el pleno sobre un total de 27, son seis -y no siete-, y los concejales no son divisibles por lo que se vela por el cumplimiento de ese derecho fundamental, el de la convocatoria de un pleno extraordinario por parte de la oposición, y lo avaló con jurisprudencia. El alcalde anticipó entonces que llevaría el asunto al contencioso.

Sin embargo, el plazo legal para realizar la impugnación del pleno por la vía administrativa se ha superado sin que el alcalde haya cumplido su amenaza, según confirmaron fuentes municipales. La única acción realizada por el primer edil ha sido pedir al Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat Valenciana un informe sobre la validez de las dos sesiones que se realizaron con idéntico orden del día. Un informe cuyo resultado no es vinculante en cualquier caso.

La discusión numérica sobre si son suficientes 6 o es necesaria la firma de siete ediles no es baladí en el Ayuntamiento de Torrevieja porque en caso de división en las filas de la oposición un solo grupo, el PSOE, podría pedir en solitario este tipo de convocatorias con la rúbrica de sus seis concejales.

Ampliación y estudio

Por otra parte la Fiscalía de Alicante está esperando la llegada de una ampliación de la denuncia presentada por los socialistas sobre el uso indebido de los móviles oficiales en las que aparecen ocho concejales y asesores municipales, que en algunos casos, no en todos los que se han hecho públicos, han devuelto los importes facturados al erario municipal por consumos ajenos a su función como cargos públicos.