La Generalitat ha aprobado ceder gratuitamente, y por 30 años, al Ayuntamiento de Torrevieja la plataforma del dique de Poniente para construir un paseo. A cambio, la Administración local se compromete a correr con los gastos de mantenimiento, limpieza y conservación del futuro espacio público. Por su parte, la Administración autonómica tiene las competencias sobre el recinto portuario y cualquier actuación que le afecte requiere de una concesión administrativa previa. La Conselleria de Transportes ha dado su visto bueno a esa concesión de los 6.740 metros cuadrados que ocupa esta plataforma a lo largo del dique de Poniente. Un espacio resultante de las obras de la desalinizadora -bajo esa estructura discurren los tubos que captarán las aguas y los de vertido de salmueras de la planta-.

El presupuesto del paseo es de 1,3 millones de euros y, en un principio, según ha anunciado el Ayuntamiento en varias ocasiones, la inversión corre a cuenta de la Acuamed, la sociedad estatal que construye desde 2007 la desalinizadora más grande de Europa en la ciudad. Ese proyecto, como la reurbanización del barrio de San Roque, forman parte del plan de restitución por el impacto de esa planta para obtener agua potable del mar. Cuando la adjudicación de las obras sea una realidad -en un expediente que todavía no se ha iniciado- estas tendrán un plazo de ejecución de cinco meses, según especifica la resolución. El paseo, de unos 700 metros de longitud, contará con mobiliario urbano y áreas de descanso, alguna de ellas protegidas con pérgolas.

El director general de Transportes y Logística, Vicente Lacruz, entiende en su resolución que el paseo, en paralelo a la cinta de transporte de sal, no entorpecerá la actividad portuaria y da el visto bueno recordando que Torrevieja "es un municipio turístico y que la actividad a la que se destina a la obra solicitada es un atractivo más para el puerto".

Diligencia

La Generalitat ha resuelto con rapidez este expediente de concesión. Acuamed y la contratista de la desalinizadora, Acciona, esperaron 31 meses para la concesión para el mismo espacio que le permitiera instalar los tubos de la desalinizadora. Tanto el gobierno local como el de la Generalitat (PP) se mostraron en contra de la planta aprobada por el anterior gobierno socialista por su impacto ambiental y gran consumo energético necesario y reclamaron entre 2007 y 2011 su paralización, también por la vía judicial. Con la llegada al gobierno central de Mariano Rajoy la concesión del Consell se hizo efectiva. En este caso la Generalitat ingresará 1,2 millones de euros anuales de canon por el uso del dominio público. El equipo de gobierno, que llegó a prohibir varias acciones informativas de Acuamed sobre la planta, ha anunciado estas obras de la mano de sus gerentes en tres ocasiones desde 2011.