La Conselleria de Infraestructuras de la Comunidad Valenciana no tiene ningún control sobre dónde acaban sepultadas buena parte de las basuras que se generan cada año en la Vega Baja. El gobierno autonómico admitió ayer, a preguntas de INFORMACIÓN, desconocer en qué vertederos se eliminan hasta 176.000 toneladas de desechos procedentes de esta comarca, una cifra que representa el 71% del volumen total. El retraso de la puesta en marcha del Plan Zonal de la Zona XVII (Vega Baja) explica hasta cierto punto que el Consell no conozca con certeza dónde se tratan estos residuos, aunque lo que sí tiene meridianamente claro el ejecutivo autonómico es que no van a parar a ninguna planta autorizada de la provincia porque, aseguran, no consta en los registros oficiales.
El director general de Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana, Vicente Tejedo, trasladó a este periódico que en el año 2012 se generaron en la Vega Baja cerca de 247.000 toneladas de residuos, de las cuales algo más de 70.000 fueron a parar a las instalaciones de Abornasa, en Crevillent, y a la planta emplazada en el municipio de Xixona. Según la memoria de gestión de residuos del Gobierno valenciano, este volumen de basuras fue valorizada en estas dos instalaciones autorizadas; es decir, que se sometieron a un proceso industrial donde se separaron debidamente los materiales que se pueden reciclar y el resto se trasladó a instalaciones de desechos, siempre bajo la supervisión de los organismos pertinentes. Ahora bien, si las 176.000 toneladas restantes que se generaron en la comarca durante el año 2012 no están en la Comunidad Valenciana, ¿dónde están?
La respuesta a esta pregunta la tendrán que dar los 27 Ayuntamientos de la Vega Baja. Tal y como publicó este diario, el Consell ha remitido escritos a todas las administraciones locales de la comarca para saber dónde se están tratando los residuos sólidos urbanos que se generan en cada uno de los municipios. A excepción de los que tienen autorizado su traslado a Abornasa y a las instalaciones de Xixona, que según fuentes oficiales no son más de seis o siete, otros dicen estar llevando en la actualidad sus basuras a las instalaciones de Proambiente, una empresa dedicada a la explotación del vertedero que se encuentra entre las poblaciones de Abanilla (Murcia) y Orihuela. El diario intentó ayer contrastar en varias ocasiones con el portavoz sin conseguirlo.
Sin actividad
Al respecto de la actividad de esta mercantil, cabe recordar que en octubre de 2011 la Consejería de Presidencia de Murcia, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, decretó suspender la actividad de su vertedero durante 30 años. Esta resolución se une a la decretada por el juzgado de Instrucción 4 de Cieza (Murcia) que ordenó en julio 2012 el cierre cautelar de los vasos de vertido. Sendas medidas se tomaron en el marco de la investigación sobre los presuntos enterramientos ilegales de basura sin tratar detectados en numerosas fincas de los alrededores del vertedero. No obstante, la actividad de la empresa ha continuado para reciclaje.
El director de Calidad Ambiental concluyó que en la Vega Baja "ha habido una mala praxis por parte de los Ayuntamientos puesto que, de ser así, no han comunicado si sus residuos se están tratando en plantas de otras comunidades autónomas". Espera que con la ejecución del Plan Zonal "se ponga orden a toda esta situación irregular".
