El asesor de urbanismo contratado por el Ayuntamiento de Catral para diseñar el proyecto de regularización de las viviendas que se encuentran diseminadas en la huerta, José Ramón Antón Dopazo, ha rescindido el contrato firmado con la administración local por 18.000 euros, más 3.780 euros en concepto de IVA, después de que el Partido Popular de la localidad desvelara que se encuentra imputado en un caso relacionado con presunta corrupción urbanística, conocido como «Urbielx», con epicentro en el municipio de Elche.

Así lo admitió ayer la segunda teniente alcalde catralense, María Asunción Salinas (PSOE), quien asegura que conoció a través de la Prensa la situación del técnico, imputado en el marco de una investigación judicial. Esta aseguró que fue el propio asesor quien decidió romper la relación con el Ayuntamiento porque este tipo de informaciones perjudican su imagen.

Rastreo

La socialista trasladó que «no se le ocurrió» buscar el nombre del técnico para hacer un rastreo de información debido a que varias personas le habían recomendado sus servicios por su dilatada experiencia profesional en el ámbito del urbanismo y dado que ya ha realizado con éxito varios planes de regularización de viviendas en otros municipios.

No obstante, Salinas trasladó que el equipo de gobierno tripartito (Socialistas por Catral, Alternativa por Catral y PSOE) sigue apostando por regularizar buena parte de las casas mediante expedientes de patrimonialización en el caso de las viviendas que cuentan con expedientes de infracción urbanística prescritos, y por esperar a la aprobación de un nuevo PGOU para tratar de regularizar las demás.