Denuncian la roturación de 50 hectáreas de suelo forestal en San Miguel de Salinas
Amigos de Sierra Escalona y la Asociación de Vecinos «San Miguel Arcángel» critican la desaparición del bosque. Anuncian la interposición de denuncias porque consideran las obras «un delito ecológico»

La máquina realizó las obras de roturación durante el pasado sábado. / información
R. VALLE
La Asociación de Amigos de Sierra Escalona (ASE) y la Asociación de Vecinos «San Miguel Arcángel» denunciaron ayer una roturación y movimientos de tierra que se han producido este pasado fin de semana en una superficie de más de 50 hectáreas en la sierra de San Miguel de Salinas, concretamente en la zona forestal que se encuentra entre la carretera de San Miguel de Salinas a Campoamor (CV-941) y la urbanización de las Filipinas.
Estos colectivos conservacionistas recuerdan que hace a penas dos años se realizó una operación similar en esta misma zona que ya redujo la masa boscosa, por lo que explican que con esta nueva actuación el bosque «quedará mermado a su mínima expresión». Las obras afectan a una franja de anchura variable pero de más de un kilómetro de longitud y según los detractores, estos trabajos «vulneran» la directiva europea relativa a la conservación de hábitats naturales así como de flora y fauna silvestre, la Ley de Impacto Ambiental «al carecer presuntamente de declaración de impacto ambiental de dichas obras» y la Ley forestal de la Comunidad Valenciana.
Tierra de interés natural
En este sentido, explican que la zona también está considerada en la ordenación urbanística actual «como suelo no urbanizable común ecológico» a lo que añaden que en la evaluación de impacto ambiental del plan urbanístico establece, entre otras cosas que «se fomentará el mantenimiento del mosaico agroforestal en las zonas en las que se dé y se conservarán los terrenos forestales de mayor calidad». Por todo esto, ASE y la asociación de vecinos «San Miguel Arcángel» consideran que los trabajos pueden ser «constitutivos de delito porque se han realizado en una zona de gran interés natural por lo que igualmente cabe considerar un delito contra la protección de la flora y la fauna». De esta forma, anuncian que van a interponer las correspondientes denuncias en los organismos competentes. Aún así, opinan que las administraciones podrían evitar actuaciones como ésta pero lamentan que el Consell tenga paralizado siete años «la orden de inicio de la declaración de parque natural de esta zona».
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