El 25 de noviembre de 2005 Dolores celebró un pleno extraordinario para recalificar 1.621.950 metros cuadrados de huerta tradicional y adjudicar a la mercantil San José Inversiones y Proyectos Urbanísticos SA la construcción de 2.600 viviendas y un campo de golf.
El pleno estaba formado por 13 concejales, de los cuales 4 no podían votar la adjudicación porque sus familiares tenían terrenos en el área y, por tanto, intereses económicos en el proyecto. Sin embargo, solo el socialista Agustín Ródenas Martínez se abstuvo. El alcalde, Gabriel Gascón (Partido Popular), y otros dos ediles de esta formación votaron «sí» a sabiendas de que no podían. Ocho años después un juez ha decretado que la adjudicación del proyecto fue ilegal porque el voto a favor del regidor y de los dos concejales de la bancada popular fue decisivo para la aprobación. Estos dos ediles ya no están en la Corporación.
El fallo del juzgado de lo Contencioso 1 de Elche es el resultado del recurso interpuesto en enero de 2006 por el grupo municipal socialista. Primero impugnaron la adjudicación en el Ayuntamiento, pero esta fue desestimada por el propio alcalde por lo que optaron por llevar el caso a los tribunales.
En la sentencia, la magistrada que ha instruido el caso ha determinado que el padre del regidor Gascón -quien sigue actualmente en el cargo- era propietario de tierras afectadas por el proyecto, así como los suegros del concejal David Penalva Cases y la madre del edil Francisco Najar Martínez, todos ellos del PP.
«La existencia de tal parentesco previsto como causa legal de abstención, debía haber llevado al alcalde y a los citados concejales a abstenerse de participar en la votación». En cambio, prosigue el fallo, «todos ellos mostraron una actitud poco edificante e impropia del cargo que ostentaban e, igualmente, merecedora de reproche por cuanto debieron de haberse abstenido en la votación y no lo hicieron».
La jueza señala que si se hubieran abstenido solo se habrían obtenido cinco votos a favor, y siendo 13 el número de concejales, no podría haberse adjudicado el proyecto. Por todo ello, se «declara nulo el acuerdo adoptado el 25 de noviembre de 2005 en el que se adjudicó al condición de agente urbanizador a San José Inversiones y Proyectos Urbanísticos SA.
El plan que preveía construir casas para duplicar la población de este municipio de 7.500 habitantes, vendido como el proyecto estrella del gobierno del PP durante años, nunca salió adelante porque la empresa urbanizadora acabó quebrando y fue incapaz de ejecutarlo. Los terrenos siguen actualmente a la espera de que algún inversor se interese en relanzar esta macrourbanización.
