Pepa Ferrando, la presidenta del PP de Orihuela y candidata a la Alcaldía en la moción de censura frustrada del 3 de enero, ni sabe de contratos ni ha tomado nunca decisiones que no estuviera previamente avaladas por los funcionarios. Con ello dejó entrever que los que tenían que estar sentados allí eran ellos y no ella, que se limitaba a firmar lo que le decían que era necesario para montar los stands de Fitur (Feria Internacional de Turismo) y de la FTCV (Feria de Valencia) durante los cuatro años que estuvo la pasada legislatura al frente de Turismo en el Ayuntamiento de Orihuela. En definitiva, no tiene nada que ver con los delitos que se le imputan: prevaricación, malversación de caudales públicos o fraude y cohecho.
Así se lo explicó ayer a la magistrada Yolanda Julia Candela, titular del juzgado de Instrucción 3, en una vista grabada, que se prolongó durante más de una hora y en la cual desvió cualquier responsabilidad sobre estos técnicos, con nombres y apellidos, a los cuales, probablemente, el fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, pedirá a la magistrada pronto su citación y también en calidad de imputados. La declaración de Ferrando coincidió a grandes rasgos con la realizada posteriormente por el funcionario E.Q.M., quien también aparece imputado, al igual que los siete empresarios que, según se investiga, tejieron una supuesta trama para que se les adjudicara buena parte de los servicios a prestar en estas ferias eludiendo cualquier tipo de control a través del fraccionamiento de los contratos entre 2008 y 2011 con Ferrando como edil responsable.
Abrazo
Según testigos, Quiñonero y Ferrando se fundieron en un abrazo al concluir sus respectivas declaraciones, aunque abandonaron por separado el Palacio de Justicia después de una mañana de mucha tensión. Ambos desviaron en sus declaraciones las supuestas responsabilidades en terceras personas del Ayuntamiento. Todas funcionarios y ningún político. En las próximas semanas está previsto que presten declaración los empresarios vascos que no sólo fueron contratados por el Ayuntamiento oriolano durante esos años sino por otros del entorno con el mismo objeto de vender su turismo en esos eventos.
Ferrando, visiblemente nerviosa -era la primera vez que tenía que responder en un juzgado como imputada por responsabilidades en su gestión pública- llegó a echarse a llorar en algún momento de la declaración, aunque el contenido de la misma no trascendió más que a grandes rasgos. La magistrada, además, hizo una advertencia para evitar cualquier tipo de filtración, algo que la propia Ferrando denunció en uno de sus escritos a la jueza en el que aseguraba que estaba siendo sometida a un juicio paralelo, incluso, antes de conocer su imputación.
En cualquier caso, el diario confirmó ayer que Ferrando eludió cualquier responsabilidad sobre los hechos que se le imputan, aseguró que ella no se encargaba de los contratos ni de negociar precios -en el auto de la magistrada y con base en un informe pericial se asegura que por algunos servicios se cobró mucho más de lo que se consideraba precio de mercado- y sólo contestó a las preguntas de la magistrada y del fiscal, no así a la del resto de letrados. Los concejales David Costa, Dámaso Aparicio y Mónica Lorente acudieron al juzgado para apoyar a su presidenta.
