Los doce municipios de la Vega Baja que han estado derivando sus basuras al vertedero de Elche por el cierre temporal de las instalaciones de Abornasa (Crevillent) han podido volver a llevar sus desechos a esta última planta bajo una condición. La mercantil crevillentina ha obligado a los ayuntamientos a certificar que son los responsables del tratamiento de sus residuos y que tendrán que abonar las facturas del servicio para caso de que su empresa concesionaria -Sirem- propiedad de Ángel Fenoll, deje deudas.
Desde el lunes, Algorfa, Cox, Callosa de Segura, Rafal, Formentera, Rojales, Granja de Rocamora, Redován, Jacarilla, Daya Nueva, Daya Vieja y Dolores han vuelto a derivar sus residuos a Crevillent. Pocos días antes, la planta de residuos de Elche les informó de que finalizaba el plazo de dos meses que se había autorizado para que llevaran los desperdicios a este punto por el cierre de Abornasa. Al menos cinco alcaldes de la Vega Baja dirigieron entonces cartas al Consorcio de Residuos para preguntar qué tenían que hacer para gestionar la eliminación de las basuras y la presidenta, Luisa Pastor, firmó un decreto el 16 de junio en el que recordaba los cuatro puntos a los que la comarca puede derivar sus basuras al no haberse puesto en marcha el Plan Zonal y las cantidades máximas que pueden recibir: Villena (60.000 toneladas); Xixona (70.000 toneladas); Alicante (24.000 toneladas) y Crevillent (75.000 toneladas).
La gerencia de la planta de residuos crevillentina ha querido así blindarse ante los posibles impagos de la mercantil Sirem, que ha estado derivando la basura de 12 localidades a la instalación de Elche durante casi dos meses y se ha negado a afrontar el coste de las facturas porque suponen un incremento del gasto. El cierre del vertedero de Proambiente (La Murada-Abanilla), que cobraba a Sirem precios muchos más bajos, ha puesto contra las cuerdas al empresario, que tiene que llevar la basura a otras plantas de la provincia que le cobran más del doble por ese servicio. Mientras el empresario reclama a los alcaldes que asumen el sobrecoste, estos se niegan. De no alcanzar acuerdos en breve, el caso acabará en los tribunales casi con toda seguridad.
