El informe solicitado por la Diputación de Alicante al catedrático de Derecho Administrativo David Blanquer avala que se podría rescindir el contrato del Plan Zonal con la UTE Cespa-Ortiz al no disponer la adjudicataria de ciertos terrenos para poner en marcha las instalaciones, pero también imputa «una parte de culpa» a los Ayuntamientos de Albatera y Cox que, a su juicio, «han actuado de mala fe y con deslealtad institucional». Señala que sus responsables políticos «aceptaron el contenido de los instrumentos de planeamiento sectorial en materia de residuos, pues en su día no impugnaron los planes que identificaron» que sus términos eran «emplazamientos adecuados para la implantación de alguna de las infraestructuras» de residuos. «No impugnaron el Plan Zonal de la Vega Baja» y «tampoco han impugnado el Plan Integral de Residuos de la Comunitat».
«Aunque pudieron combatir esos planes e impugnarlos ante los tribunales, para así oponerse a la eventual localización de alguna instalación de residuos, lo cierto es que libremente optaron por aceptar y consentir esa posibilidad. Por ello, deben asumir con responsabilidad las consecuencias derivadas de su total y plena aceptación de los planes sectoriales en materia de residuos», recoge este dictamen que, en definitiva, complementa al elaborado también por la Universidad Carlos III, que estima igualmente que se podría romper el contrato por la no disponibilidad de terrenos de la UTE.
Pero el informe encargado por la Diputación va más allá y señala que el Plan Integral y el Plan Zonal son «normas jurídicas vinculantes y de obligado cumplimiento» que «gozan de supremacía y se imponen a los instrumentos de planeamiento urbanístico de ámbito municipal», por lo que estima que los cambios introducidos en los PGOU de Albatera y Cox para impedir las instalaciones de residuos no tendrían valor puesto que ahora «no pueden adoptar medidas que vulneren esos planes que fueron aceptados pasivamente por las corporaciones locales».
El informe de David Blanquer prosigue que los dos Ayuntamientos «han adoptado diversas medidas urbanísticas que están impidiendo el normal cumplimiento del contrato adjudicado a la UTE» y recoge que, si la adjudicataria sufriera daños y perjuicios como consecuencia de la extinción anticipada del contrato, «una parte del tanto de culpa debe pesar sobre esas corporaciones locales. Si al final el Consorcio tuviera que abonar algún resarcimiento a la UTE, el Consorcio debería repercutir la parte que corresponda a Cox y Albatera», concluye.
