La Guardia Civil investiga en relación a estos hechos un delito de ofensa a los difuntos en el transcurso del cual ya habrían prestado declaración en el cuartel de Guardamar del Segura el enterrador y los familiares del finado. Las diligencias se enviarán al juzgado de guardia y la Fiscalía tendrá que decir si se sigue adelante o se archivan. A tenor de los hechos, podría ser incardinado lo ocurrido en el artículo 526 que se refiere a «la falta al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas...» que prevé penas de prisión de tres a cinco meses y sanciones económicas. M. A.