Tiene dos fechas grabadas a fuego: el 9 de abril de 2013, día en que el Consorcio de Residuos de la Vega Baja acordó adjudicar el macrovertedero comarcal en su municipio, y el 22 de septiembre de 2014, cuando se inició el trámite para rescindir esa adjudicación. El regidor de Albatera, Federico Berná, es de los que piensan que la mejor defensa es un buen ataque y si tiene que hablar del Plan Zonal prefiere remontarse a 2005. Ese año Albatera fue declarada como zona apta para acoger un vertedero. «Gobernaba el PSOE y no presentó alegaciones en contra», asegura. Solo después de repasar los hechos acaecidos desde 2005 hasta 2014 acepta contestar preguntas sobre todo este asunto.
El Consorcio pretende ahora rescindir el contrato con Cespa-Ortiz por carecer de terrenos para las instalaciones, algo que usted denunciaba. ¿Por qué nadie le hizo caso antes?
La UTE no puso en marcha la solución transitoria con la planta de transferencia de Cox y pidió a la Generalitat que expropiara los terrenos. Fue entonces cuando mis compañeros (del PP) se dieron cuenta de que la empresa no tenía los terrenos y de que había presuntas irregularidades. Los dos informes jurídicos que apoyan la rescisión por esta causa han venido a dar la razón al Ayuntamiento de Albatera.
¿Puede decirle ya a sus ciudadanos que el vertedero no se construirá en el municipio?
Hasta que no se rescinda no se podrá decir que el vertedero no viene a Albatera. El contrato está adjudicado pero la UTE no ha sido capaz de poner en marcha las instalaciones. Lo que sí se puede decir es que tengan la certeza de que Albatera es la peor solución y que la probabilidad de que venga aquí el vertedero es ínfima.
Pero en el nuevo Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana Albatera sigue figurando como una de las opciones donde habilitar un vertedero.
Lo único que hace ese nuevo Plan es incorporar la información de los planes zonales que se aprobó en 2005 y Albatera sigue siendo una opción, pero es la peor. Fueron los socialistas quienes gobernaban en 2005 y no presentaron alegaciones cuando se declaró el municipio como zona apta para acoger un vertedero. Cuando yo tomé posesión ya estaba todo cocinado, no se podía cambiar nada.
¿En qué punto se encuentra la batalla judicial que inició el Ayuntamiento?
El recurso del Ayuntamiento contra la adjudicación sigue adelante. Curiosamente tanto el Consorcio como la UTE solicitaron al juez que inadmitiera nuestro recurso, pero fue rechazado. El juzgado ha pedido ahora un informe pericial para evaluar si los proyectos de evaluación ambiental presentados por Cespa-Ortiz eran un fraude. Los técnicos del Consorcio han ido a declarar y han dicho que no se podía adjudicar el concurso porque no había un proyecto de gestión previo tal y como advertimos.
¿Usted dice no al vertedero en Albatera o no a una planta como la proyectada por Cespa-Ortiz?
Hoy no tiene ningún sentido construir un agujero para enterrar basura, que tiene un gran poder calorífico y se puede utilizar para generar energía. Hay que ver los modelos de gestión que existen y su coste, porque quizá hay un modelo mejor pero supone triplicar la tasa al ciudadano y eso hay que decírselo a los vecinos.
¿Dónde hay que poner entonces la instalación de residuos?
Lo primero es determinar el modelo, hay modelos nuevos con los que podría desaparecer el vertedero. Lo más problemático de la forma de tratar la basura es el vertedero. Hay modelos que se basan en naves de 5.000 metros que se pueden poner en polígonos y no generan ninguna molestia. Hay que estudiar todas las alternativas.
A menos de un año para las elecciones, ¿no cree que es un mensaje populista que los alcaldes digan ahora que ya no hace falta un vertedero?
No, se trata de un mensaje de responsabilidad de acuerdo con las nuevas tecnologías. Tenemos que tratar nuestros residuos de la forma más sostenible, sabiendo su coste y diciéndolo al ciudadano. Hay que buscar la mejor solución, pero no se debe construir ni ahora ni nunca un vertedero para enterrar la basura en la Vega. Además, el nuevo Plan Integral de Residuos dice que no se pueden construir más vertederos porque dio un plazo de un año para empezar a obligar a incinerar las basuras y el plazo ya se ha cumplido.
¿Qué sensación cree que tienen ahora sus vecinos?
Una sensación de doble satisfacción porque ya se ha empezado el camino para rescindir el contrato y los ciudadanos sienten un gran alivio. Los argumentos que han permitido iniciar este proceso son los que puso sobre la mesa mi equipo de gobierno. Detectamos dos irregularidades, la falta de opción de compra de cuatro parcelas, y que los estudios de impacto medioambiental eran un presunto fraude porque había tres exactamente iguales.
¿Los técnicos del Consorcio no se percataron de esos «errores»?
Cuando la comisión técnica hizo el informe sobre las ofertas y la baremación, se produjo un error o acto de buena fe por parte de la comisión técnica al otorgar puntuación porque la UTE decía que contaba con opciones de compra sin comprobar documentalmente que efectivamente existían.
¿Se deben depurar responsabilidades entre esos técnicos?
Eso es algo que tiene que dirimir el Consorcio, los técnicos son humanos y se equivocan.
¿Examinar tres proyectos de evaluación ambiental y no ver que son exactamente iguales es solo una equivocación?
Son personas humanas y se equivocan.
