Malversación de caudales públicos. Ese es el delito que el grupo municipal de CLr-Claro considera que se puede estar produciendo en la gestión de la ORA (Ordenación y Regulación del Aparcamiento) en Orihuela después de comprobar -y el equipo de gobierno admitir- que la adjudicataria desde 2009, la mercantil Esma Park SL no ha pagado un euro de finiquito trimestral, como se pactó, desde que se hizo cargo de este servicio público.
El concejal liberal Juan Ignacio López-Bas anunció ayer a través de un comunicado que su grupo emprenderá acciones judiciales que podría haber cometido tanto la adjudicataria como «quien teniendo conocimiento de esta situación desde el gobierno municipal la esté consintiendo sin poner medios eficaces para evitarla», frase que dedica al concejal de Contratación, Víctor Ruiz, quien el 3 de septiembre anunció de la apertura de un expediente para la resolución del que, según el edil de CLr-Claro, no se ha hecho nada y, mientras, los ciudadanos siguen pagando la ORA, la empresa recaudando (incluido el recargo de 3 euros que se pagan en el acto para evitar la multa) y el Ayuntamiento sin ver un euro.
«Impuesto terrorista»
Ayer López-Bas tildaba la actual situación de «impuesto terrorista» en el que aseguró que el equipo de gobierno de socialistas y ecologistas está «colaborando activamente» y que es, dijo, «un auténtico fraude». El concejal de la oposición añadió que la pasividad es la actitud del equipo de gobierno mientras la mercantil se está «beneficiando ilegítima e ilícitamente» y lo aseveró porque «a fecha de hoy no nos consta que ni siquiera se ha solicitado el informe del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana para poder proceder a dicha resolución contractual, un trámite sin el que no se puede adoptar esa decisión y que está demorando la situación en perjuicio de los ciudadanos».
El concejal considera que la empresa podría cometer un ilícito penal por esos 3 euros del recargo que sirven para evitar la multa (que se gestiona a través de Suma y que es lo único que ingresa el Ayuntamiento) y entiende que esos tres euros son «un importe adicional en concepto de sanción para anular la denuncia por lo que es la misma empresa la que está recaudando sanciones de tráfico, y no sólo tasas de aparcamiento, algo prohibido por ley, por lo que esta recaudación sin rendir cuentas al Ayuntamiento de los importes desglosados de tasa y sanción supone ir más allá de una irregularidad administrativa y podría estar suponiendo una auténtica apropiación indebida de caudales públicos que se está consintiendo por el señor Ruiz».
